Coviandina, la concesionaria a cargo de la vía al Llano -entre Bogotá y Villavicencio- asegura vivir en una zozobra constante por los puntos críticos que existen en el corredor e, incluso, alerta por un golpe en sus ingresos.
La advertencia la hace Alberto Mariño, presidente de Proindesa, que es la holding de infraestructura vial de Corficolombiana y Grupo Aval.
El empresario habló con Valora Analitik y confirmó que, si bien han sorteado algunos inconvenientes de tiempos recientes, la carretera requiere de medidas urgentes del Gobierno Nacional para garantizar su transitabilidad.
En particular, hizo referencia a los casos del túnel 13, el puente Chirajara y el viaducto del kilómetro 58, e incluso anticipó que alistan una nueva demanda contra el Gobierno.
¿Cómo avanza Coviandina en los trabajos para resolver puntos críticos de la vía al Llano?
Hemos sorteado algunos de los inconvenientes correspondientes a los puntos críticos. Pudimos volver a dar al servicio los túneles de Quebrada Blanca y pudimos reactivar un sector que nos va a facilitar la operación de la carretera como par vial.
A pesar de esto, es fundamental recordar que el corredor Bogotá – Villavicencio va a seguir afectado permanentemente, mientras el Estado no defina los recursos para que la concesionaria ejecute todas las obras en puntos críticos y no se tomen decisiones de fondo.
Nosotros vivimos en una zozobra permanente. Nuestra gente siempre está atenta a cualquier inconveniente que se presente, lluvia, avalancha o derrumbe, que normalmente no afectan las obras que se construyeron por las concesionarias, sino las que hizo el Invías hace muchos años. Es por eso que la responsabilidad no recae en el concesionario.
¿Por qué hablan de un golpe en sus ingresos?
Hay un tema fundamental que implica al túnel 13 y el kilómetro 58. La ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) tiene la obligación de aportar los recursos para que esas obras se puedan recuperar y se pueda restablecer el tráfico, y podamos usar el puente Chirajara, porque este está terminado desde febrero, pero no hay cómo usarlo.
Esta fue la decisión tomada en un laudo arbitral. No obstante, no se ha resuelto y lo que viene sucediendo es que estamos afectados en ingresos.
Nosotros aportamos el 100 % de los recursos y construimos las obras en los plazos comprometidos, pero no hemos logrado que se nos autorice establecer la tarifa del contrato. Las tarifas deberían haberse establecido hace cuatro o cinco años, pero eso no lo hemos logrado.
Adicionalmente, las tarifas actuales tampoco han sido reajustadas por inflación, tras el famoso Decreto 050 del año pasado (que congeló los valores de los peajes).
En general, cada vez que nosotros procuramos recuperar el tráfico y mejorar la transitabilidad de la carretera con recursos propios, sufrimos un nuevo inconveniente que no está en nuestras manos resolver.
Los tráficos suben y caen, pero no hemos logrado los tráficos que se tenían previstos desde el inicio del contrato y esto afecta el flujo de caja de la concesionaria y ha hecho que nosotros tengamos que estar muy atentos a aportar recursos adicionales para que la carretera siga operando.
La gente no se da cuenta, pero el esfuerzo que venimos haciendo es enorme. La carretera Bogotá – Villavicencio hoy está soportando todo el tráfico, porque la famosa variante del Sisga está cerrada y la Transversal del Cusiana también. Estamos soportando todo el tráfico que va para la Orinoquía y, por eso, cualquier inconveniente genera dificultades enormes y unas protestas grandes de los transportadores.
Ellos no ven el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para operar nuestros túneles en sentido bidireccional, con consumos adicionales de energía, desgastes enormes de nuestros equipos de ventilación, etc. Estamos incurriendo en sobrecostos para mantener la carretera operativa en las condiciones actuales.
¿Eso lo ha compensado el diferencial de recaudo, que es cuando el Gobierno les paga por los menores tráfico?
A nosotros no nos pagan diferencial de recaudo. El Ministerio de Hacienda ha resuelto que a las iniciativas privadas no les puede pagar el diferencial de recaudo y que los costos ociosos, por ejemplo, que se les pagaron a todos los concesionarios no se pueden pagar a las iniciativas privadas.
Esto está llevando a que todos los concesionarios de iniciativas privadas tengan que demandar al Estado. En el caso de los costos ociosos, por ejemplo, tenemos una decisión del amigable componedor y la ANI no ha querido pagar.
Aseguran que esto se podría pagar con una ampliación de plazo, que es absolutamente imposible, o con incremento de tarifas. Esa fue la respuesta que nos dieron hace 10 días, pero yo no sé cómo le contestan a uno que incrementar tarifas, cuando ni siquiera nos han dejado poner la tarifa del contrato. Eso es para salir del paso y sencillamente nos tocará demandar a la ANI para que nos paguen.
Y en el caso del del no pago del diferencial de recaudo, lo que se está produciendo es un incumplimiento total del contrato. Eso sin contar con que el no incremento de tarifas fue una decisión del Ministerio de Transporte y ellos tienen que responder.
Los contratos son clarísimos: si mi contraparte toma una decisión que me afecta, me tiene que responder. Sin embargo, ninguna iniciativa privada lo ha logrado y hay varios que han demandado y le han ganado demandas al Estado, pero tampoco les han pagado. En definitiva, el tema no está fácil.
Pasando a otro tema, ¿qué pasará con el viaducto del kilómetro 58?
Lo primero que hay que advertir es que el viaducto del kilómetro 58 lo único que está solucionando es el paso al lado de la ladera; es como una variante a la carretera que fue construida por el Invías en los años 70.
Sin embargo, el problema del kilómetro 58 no se está resolviendo. Si piensan que no se hacen las obras de la ladera del kilómetro 58 y que la solución total es el viaducto, están muy equivocados. Esa ladera puede producir erosiones muy grandes, que terminen afectando el río y el puente que construyeron.
En segundo lugar, hay que decir que ese viaducto del kilómetro 58 no lo tenemos en el contrato de concesión. Se nos ha pedido extraoficialmente que miremos la posibilidad de recibirlo, pero no tenemos ninguna solicitud formal por una razón fundamental: el Invías no ha terminado la obra y no se la ha entregado a la ANI.
Tercero, a pesar de que hemos solicitado en varias oportunidades que se nos entreguen los diseños del viaducto, incluyendo los planos firmados por el diseñador y el interventor del Invías que los aprobó, no lo hemos logrado.
No podemos hacer ningún comentario oficial sobre el viaducto y mucho menos podemos saber qué pensó el Invías cuando diseñó ese viaducto o cómo hizo para adoptar una norma de diseño, que, yo diría, tiene unas especificaciones de una carretera de segundo orden.
¿Qué pasará una vez se entregue esta información?
Tendrán que remitirnos los planos resultantes de la construcción del puente, porque pueden haberse presentado modificaciones durante la construcción, y las justificaciones debidas de cada uno de los cambios que se produjeron. Esa es la información que tendrán que entregarnos.
Con base en eso, nuestros especialistas pueden revisar el concepto de diseño del puente y revisar físicamente el puente que se le pretende entregar a la concesionaria y sobre eso nos podremos manifestar.
Tenemos que ver cómo será la operación que concibió el Invías para operar el puente, porque este tiene al final una curva pronunciada y un cambio de pendiente al 10 %.
Nosotros tenemos tractomulas de 52 toneladas y con un cambio de pendiente del 0,5 % o 1 % al 10 %, prevemos que vamos a tener dificultades para ese tipo de vehículos en la operación, sobre todo porque el puente llega prácticamente al pueblo.
Con todo eso, la concesionaria se podrá pronunciar sobre cómo puede recibir el puente y en qué condiciones lo puede operar, porque, insisto, el puente no forma parte del contrato de Coviandina y se tienen que establecer con la ANI unas condiciones de responsabilidad sobre los diseños y la construcción del puente.
¿Y qué pasará con el túnel 13?
El Estado tiene que resolver el problema del túnel 13, la carretera no la pueden dejar así.
Nosotros tenemos túneles y viaductos que no estamos utilizando y que agilizarían el paso en ese sector de Quebrada Blanca y Chirajara enormemente, y tenemos unas obras que costaron mucha plata, que no se pueden dejar ahí al abandono. El Estado tiene que resolverlo prontamente.
