El presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó este martes la Ley de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, que permitirá que se levante el velo corporativo de compañías en casos de corrupción.
Esta medida aplicará cuando haya serios indicios de que la acción u omisión de una empresa pueda poner en riesgo recursos públicos. Lea más en Noticias Empresariales.
Así mismo, cuando la persona jurídica promueva o se encuentre en estado de insolvencia o liquidación y haya peligro de que no se resarza el patrimonio público afectado.
Y, finalmente, cuando la lesión al patrimonio público o a la afectación de intereses patrimoniales de naturaleza pública, se haya generado por explotación o apropiación de bienes o recursos públicos en beneficio de terceros.
Recomendado: ¿Cómo combatir la corrupción empresarial en Colombia?
De otro lado, la ley habilita la venta temprana de bienes afectados con medidas cautelares con fines de comiso, con el objetivo de facilitar su monetización y administración.
Según la Corte Suprema de Justicia, estos son los bienes de una persona penalmente responsable, que fueron adquiridos producto del delito o han sido usados para el mismo.
Lea también: 9 de cada 10 empresarios en América Latina cree que la corrupción creció en 2021, según informe de FTI
Adicionalmente, la ley plantea desarrollar programas de transparencia y ética empresarial de obligatorio cumplimiento para todos los sectores, así como fortalecer proyectos educativos institucionales en los colegios.
Se crea, además, el sistema de detección y alerta temprana para combatir el incremento patrimonial injustificado por parte de servidores públicos y conocer a los beneficiarios finales de los contratos, entre otras.
Le puede interesar: Así puede prevenir la corrupción dentro de su organización
Esto último permitirá hacerles seguimiento en detalle a personas o empresas que crean nuevas sociedades para pujar en licitaciones u otros procesos.
Y se sumará al recientemente reglamentado Registro Único de Beneficiarios (RUB) de la Dian.
A través de este mecanismo, se deberán suministrar datos de beneficiarios finales de empresas, incluyendo personas, fiduciantes, fiduciarios o cualquier persona natural que ejerza control o tenga derecho a disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades.
