Los gigantes tecnológicos como Google y Meta tendrán que redoblar los esfuerzos en torno al contenido ilegal en sus plataformas en Europa. Lea más en noticias económicas internacionales.
Lo anterior atendiendo a la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) que acordaron, de forma provisional, el Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo este sábado, buscando “hacer de Internet un espacio más seguro para los ciudadanos europeos”.
De acuerdo con lo informado por el Consejo, la ley en mención tiene como objetivo abordar el contenido ilegal y dañino que circula en Internet, haciendo que las plataformas lo eliminen de forma rápida.
“La DSA sigue el principio de que lo que es ilegal fuera de línea también debe ser ilegal en línea. Su objetivo es proteger el espacio digital contra la difusión de contenidos ilegales y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los usuarios”, explica el documento publicado por el Consejo.
Anota que la ley será aplicada a todos los intermediarios en línea que presten servicios en la Unión Europea.
Señala que las obligaciones son proporcionales a la naturaleza de los servicios en cuestión y adaptadas al número de usuarios, así las cosas, “las plataformas en línea muy grandes (Vlop, por sus siglas en inglés) y los motores de búsqueda en línea muy grandes (Vlose, por sus siglas en inglés) estarán sujetos a requisitos más estrictos”.
En ese orden de ideas, los servicios con más de 45 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea entrarán en la categoría de plataformas en línea muy grandes y motores de búsqueda muy grandes.
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“Para salvaguardar el desarrollo de las nuevas empresas y las pequeñas empresas en el mercado interior, las micro y pequeñas empresas con menos de 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE estarán exentas de ciertas obligaciones nuevas”, anota.
Gobernancia
El documento precisa que, con el objetivo de que haya una “aplicación eficaz y uniforme” de los requisitos de la Ley de Servicios Digitales, tanto el Consejo como el Parlamento le confirió facultades exclusivas a la Comisión Europea para que supervise las obligaciones específicas que tienen tanto los Vlop como los Vlose.
“Serán supervisados a nivel europeo en cooperación con los estados miembros. Este nuevo mecanismo de supervisión mantiene el principio del país de origen, que seguirá aplicándose a otros actores y requisitos cubiertos por el DSA”, indica.
Mercados en línea
En lo que respecta a los mercados en línea, la Ley les impondrá un deber de diligencia “frente a los vendedores que venden sus productos o servicios en sus plataformas en línea”. Dicho esto, los mercados deberán recopilar y mostrar información sobre los productos y servicios vendidos para garantizar que los consumidores estén debidamente informados.
Riesgos sistémicos
La DSA introduce la obligación de que tanto las plataformas como los servicios digitales muy grandes “analicen los riesgos sistémicos que crean y lleven a cabo un análisis de reducción de riesgos”.
En palabras del Consejo, el análisis en mención deberá realizarse anualmente y permitirá un seguimiento continuo, encaminado a reducir los riesgos asociados a:
- difusión de contenidos ilegales
- efectos adversos sobre los derechos fundamentales
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- manipulación de servicios con impacto en los procesos democráticos y la seguridad pública
- efectos adversos sobre la violencia de género, y sobre los menores y consecuencias graves para la salud física o psíquica de los usuarios
Fondo
Es de anotar que, en diciembre de 2020, la Comisión Europea presentó un paquete de servicios digitales que comprende la Ley de Servicios Digitales (DSA) y una Ley de Mercados Digitales (DMA).
“La DSA y la DMA forman los dos pilares de una regulación digital sin precedentes que respeta los valores europeos y el modelo europeo. En conjunto, estos actos definen un marco adecuado a los desafíos que plantea la aparición de los gigantes digitales y la protección de sus usuarios, manteniendo un equilibrio propicio para la innovación en la economía digital”, precisa.
El 24 de marzo de 2022 lograron un acuerdo político provisional entre el Consejo y el Parlamento sobre la DMA.
Concluye diciendo que el acuerdo provisional alcanzado este sábado está sujeto a la aprobación del Consejo y del Parlamento Europeo: “Por parte del Consejo, el acuerdo político provisional está sujeto a la aprobación del Comité de Representantes Permanentes (Coreper), antes de seguir los pasos formales del procedimiento de adopción”.
