La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca le dio la razón el Gobierno sobre la competencia ambiental del muelle 13 de Buenaventura.
La decisión, según conoció Valora Analitik, determinó que el Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Buenaventura no era el idóneo para aprobar el plan de manejo ambiental del proyecto, que se ha convertido en un caballito de batalla del presidente Gustavo Petro.
Así las cosas, los magistrados ratificaron la medida que ya había tomado, en diciembre, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buenaventura.
Según el auto del Tribunal, la medida decretada en primera instancia sí es procedente y, por ende, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) mantiene la competencia de todos los planes ambientales del muelle 13 de Buenaventura.
¿Por qué le dieron la razón al Gobierno sobre competencia ambiental del muelle 13 de Buenaventura?
El Grupo Portuario, operador de esta zona en el principal puerto de Colombia, pretendía tumbar la decisión tomada por el juzgado de Buenaventura. Con esto, la compañía del empresario Álvaro Rodríguez pretendía retomar sus actividades, en medio de las discusiones con el Gobierno por este contrato.
A pesar de lo anterior, los magistrados confirmaron que “la autoridad competente para tramitar las licencias ambientales o, como lo refiere el caso, el plan de manejo ambiental, es la ANLA”, cita el auto conocido por Valora Analitik.
Y agregaron que “la medida de suspensión impuesta por el juez a quo, si bien al parecer del recurrente resulta inútil por el término en que se proyecta iniciar la obra, para esta sala corresponde a una medida preventiva y anticipada”.
En este punto, recordó que el proyecto de Grupo Portuario incluía la intervención de una plataforma sobre el lecho marino, lo que podía “afectar el equilibrio ambiental por la dimensión de la obra a realizar, como bien señaló el juez de primera instancia”.
Así mismo, el auto expresa que la medida cautelar decretada sí “realizó un adecuado análisis de las normas que se invocaron como violadas y, adicional a ello, se consideró́ pertinente tener en cuenta las pruebas allegadas al proceso”.
Cabe recordar que este es uno de los requisitos clave para que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmara la ampliación del contrato del muelle 13 de Buenaventura. El mismo que, hace un año, desencadenó una puja entre el Gobierno y Álvaro Rodríguez por una presunta pugna política en el caso.
Incluso, la pelea le habría costado el puesto a la exministra de Transporte, María Constanza García, quien habría salido del gabinete por diferencias con el presidente Petro acerca de esta terminal portuaria. En su reemplazo llegó María Fernanda Rojas con una postura más fuerte sobre este caso.
De otro lado, en días pasados, el Grupo Portuario perdió una tutela con la que pretendía tumbar la decisión de la ANLA, que, en su momento, suspendió las operaciones por afectaciones ambientales. A la fecha, esta medida se mantiene activa.
Lea aquí el auto completo de la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sobre el Muelle 13.
