UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (Tigo) informó este martes a la opinión pública sobre la solicitud que radicó ante el Ministerio del Trabajo para que autorice el despido colectivo de un grupo de trabajadores.
Los motivos, de acuerdo con la empresa, tendrían que ver con razones técnicas, operativas y financieras, “resultado de un análisis estructural para responder a los desafíos económicos de la industria y la gestión eficiente de la sostenibilidad operativa de la compañía”.
Si bien el documento apenas fue radicado, Tigo enfatizó en que el resultado de esta solicitud se informará al mercado oportunamente.
¿Qué está pasando con Tigo?
A finales de 2023, Tigo consiguió una capitalización de sus principales accionistas por $600.000 millones para su salvamento, pues previo a ese año mantenía una compleja situación financiera.
El 2024 representó para la empresa un periodo de recuperación del negocio, que se hizo más fuerte, incluso, con las primeras asociaciones con Movistar, otra de las grandes firmas del sector.
En diciembre del año pasado el Ministerio de la Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC) autorizó finalmente la implementación de una red única de acceso móvil de las dos empresas en Colombia.
El acuerdo implica la creación de una sociedad independiente para administrar la red móvil compartida, permitiendo que ambas compañías operen sobre una infraestructura común sin perder su autonomía jurídica y comercial.
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Eso sí, cabe mencionar que aunque exista una integración de sus infraestructuras, Tigo y Movistar mantendrán su independencia funcional y jurídica.
A pesar de ese escenario positivo, la realidad actualmente es que solo un operador en Colombia genera utilidades, puesto que es un sector que requiere altas inversiones, pero al mismo tiempo cuenta con una fuerte carga impositiva.
De hecho, refiriéndose al sector, en septiembre de 2024, en entrevista con Valora Analitik, Carlos Blanco, quien en ese entonces asumía como nuevo presidente de Tigo, comentó que la contribución que realizan los operadores en Colombia es de 1,9 %, y aunque el Gobierno ha adelantado esfuerzos por alivianar los impuestos, aún hay margen para continuar en esa tendencia.
El empresario también habló sobre el concepto del ‘fair share’ (parte justa), que es compartir justamente los costos de las redes.
“Si la gente pasa tiempo en esas plataformas tanto tiempo lo que pasa es que el tubo de las empresas de telecomunicaciones sea cada vez más grande y eso ocurre solamente en nuestra industria. Pensamos que sería justo que las empresas que generan ese contenido contribuyan a los costos de inversión bien sea directamente a favor de las empresas o que lo pongan al fondo de telecomunicaciones de los estados para que nos bajen las cargas. Cada vez que la gente aumenta sus consumos es dinero que hay que invertir con cero retorno nuevo”, explicó.
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