El proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente para establecer lineamientos de ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá continúa generado una fuerte controversia entre diferentes actores.
Mientras el Gobierno Nacional defiende la iniciativa como una herramienta para la protección ambiental y la regulación del crecimiento urbano, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y otros sectores advierten sobre sus implicaciones para el desarrollo de infraestructura y la economía regional.
La postura del Ministerio de Ambiente
El Ministerio de Ambiente publicó el proyecto el pasado 3 de marzo y anunció que estará en consulta pública hasta el 14 de marzo, permitiendo que ciudadanos, comunidades y expertos envíen comentarios y propuestas.
La ministra Susana Muhamad ha insistido en que la resolución no afecta proyectos en curso ni interfiere con el suelo habilitado para la expansión urbana. «El alcalde está totalmente desinformado. La resolución no detiene ninguna obra de movilidad. Su propósito es establecer lineamientos para que los municipios y las autoridades ambientales protejan ciertos suelos específicos», afirmó.
El presidente Petro y la problemática del agua
El presidente Gustavo Petro también intervino en el debate, refiriéndose específicamente al abastecimiento de agua para Bogotá. Criticó la idea de construir otro embalse en Chingaza y aseguró que el problema radica en la deforestación y la alteración de los «ríos voladores» que llevan humedad a la región. «No saben que al depredar la selva y alejarla cada vez más de Chingaza, los ríos voladores ya no llegan al páramo y no se genera agua líquida al embalse», afirmó. También señaló que, durante su administración como alcalde de Bogotá, se había planteado una solución basada en el uso generalizado de aguas lluvias, pero que esta iniciativa fue rechazada.
El llamado de la Procuraduría
Ante el impacto potencial de la normativa, la Procuraduría solicitó al Ministerio de Ambiente una ampliación de 45 días hábiles para la recepción de observaciones.
Argumentó que este tiempo adicional permitiría un análisis técnico-jurídico riguroso. Además, exigió información georreferenciada en formato Shapefile para facilitar la evaluación detallada del estudio técnico que respalda la propuesta.
Hasta el momento, el Ministerio no se ha pronunciado sobre esta solicitud.
La posición de la Alcaldía de Bogotá
El alcalde Carlos Fernando Galán expresó su preocupación sobre la falta de consulta con el Distrito y advirtió que la aplicación de la normativa podría generar incertidumbre sobre importantes proyectos de infraestructura. Según el mandatario, la falta de claridad en la delimitación de humedales podría afectar a 138 barrios y comprometer la viabilidad de obras clave como: las líneas 1 y 2 del Metro de Bogotá, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), el intercambiador de la Calle 80, la ampliación de la Calle 63 y su conexión con el Aeropuerto El Dorado y la Avenida Ciudad de Cali, entre otros proyectos.
Galán acusó al Ministerio de generar inseguridad jurídica y de contradecir el Plan Nacional de Desarrollo, que exige coordinación con administraciones locales. «No saben lo que están haciendo», criticó el alcalde.
La postura de la Gobernación de Cundinamarca
El gobernador Jorge Rey también manifestó su oposición, advirtiendo que la propuesta impone restricciones que afectarían a sectores productivos en 24 de los 40 municipios de la Sabana. Identificó tres aspectos críticos:
- Modelo de ocupación restrictivo: La norma plantea que toda la Sabana sea considerada suelo de protección ambiental o agrícola, limitando el desarrollo urbanístico a las áreas ya establecidas.
- Nuevos requisitos para infraestructura: Exigiría diagnósticos ambientales alternativos para proyectos viales, mineros y urbanos, aumentando los costos y tiempos de licenciamiento.
- Términos ambiguos: Frases como «evite aprobar» o «evite utilizar» generarían incertidumbre en la aplicación de la normativa.
Ante estos problemas, Rey radicó una solicitud para la suspensión del plazo de observaciones y la convocatoria de mesas de diálogo con el Ministerio de Ambiente.
El sector vivienda prendió alertas por vivienda
Fue la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) quien solicitó la intervención de la Procuraduría para revisar el proyecto de resolución. El gremio respaldo al alcalde, según ellos «se verían afectados» por esta norma que alista el Gobierno.
Camacol coincide en la importancia de que los procesos en los que se impacte el ordenamiento territorial se gestionen en el marco de la Constitución y la ley, y anota que las decisiones deben tomarse respetando competencias y el debido proceso, con la participación de todos los actores involucrados y con análisis técnicos e información de calidad sobre el territorio. Camacol expresó que impone restricciones ambientales sin un proceso participativo, afectando gravemente el desarrollo urbano y la calidad de vida de millones de ciudadanos.
“La decisión del Ministerio de Ambiente deja en el limbo a miles de familias, proyectos de vivienda e infraestructura esenciales para Bogotá y más de 30 municipios. No solo genera incertidumbre jurídica y paraliza el desarrollo urbano, sino que también desconoce la autonomía territorial y el derecho de los ciudadanos a una ciudad planificada y sostenible”
Debate en la audiencia pública
El viernes 7 de marzo se realizará una audiencia pública, convocada por la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, para evaluar la solicitud de la Empresa de Acueducto de Bogotá de decretar medidas cautelares sobre la resolución del Ministerio de Ambiente.
Próxima reunión entre el Ministerio y el Distrito
Asimismo, se espera que la nueva ministra de Ambiente, Lena Estrada, y el alcalde Carlos Fernando Galán sostengan una reunión extraordinaria para discutir las diferencias y buscar una solución concertada sobre el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá.
No obstante, hasta el momento la Alcaldía dice que “Todavía no hay ninguna reunión programada”, pero que el alcalde sigue interesado y dispuesto para programar el encuentro.
El debate sigue abierto, con posiciones enfrentadas entre quienes defienden la protección ambiental y aquellos que temen que la normativa limite el desarrollo urbano y la infraestructura en la región.
