La Superintendencia de Sociedades emitió un comunicado este sábado en el que ordenó una intervención para la suspensión de actividades de captación no autorizada de dineros del público, que suman más de $8.763 millones.
Con esta decisión se permite a la entidad, a través del Juez de intervención, iniciar los procesos judiciales respectivos para procurar la devolución de los dineros de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 4334 de 2008.
“Continuamos trabajando en nuestra labor de prevención a la ciudadanía para que se informen muy bien al momento de invertir su dinero. En el caso de las ofertas de vivienda, los depositantes deberán revisar si este tipo de sociedades o empresas cuentan con las licencias requeridas para desarrollar los proyectos de construcción; además, que se garanticen mecanismos de administración de los dineros, por ejemplo, a través de fiducias para asegurar su dinero”, aseguró el superintendente, Billy Escobar.
¿Cuáles fueron los casos específicos de captación de dinero?
Puntualmente sobre el caso se dijo que la medida recae sobre Julián Andrés Rocha Ramírez, con un valor de captación de dinero de $4.919 millones, afectando a 25 personas de la ciudad de Cali.
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“El señor Rocha Ramírez atraía a inversores bajo la propuesta de un negocio que consistía en invertir en la compra y venta de vehículos de Renault Sofasa, para lo cual, generó confianza en la inversión valiéndose de su cargo como gerente de zona de RCI Colombia S.A., dineros que no fueron devueltos”, expuso la entidad.
Al anterior también se suma la recolección de más de $3.843 millones que habría hecho Wilmer Jaime Duarte Delgado, perjudicando a 38 personas en Duitama, Cundinamarca.
Según la SuperSociedades, este esquema de captación, por parte del Duarte Delgado, consistía en recibir dinero del público a través de promesas de compraventa de apartamentos sobre planos.
Durante la investigación, se evidenció que se suscribían promesas de compraventa con distintas personas y las mismas recaían sobre los mismos inmuebles. Así mismo, se vendían apartamentos en pisos sobre los cuales no habían autorizado su construcción; y en otro supuesto proyecto, no contaban con las licencias de construcción.
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