SuperSalud presenta balance de intervención de EPS Sanitas; alista plan para compra de medicamentos

El segundo año de intervención de EPS Sanitas estará enfocado en avanzar en la negociación directa de medicamentos con la industria farmacéutica.

Sede EPS Sanitas en Bogotá
Superintendencia de Salud prorroga la intervención a EPS.Foto: Valora Analitik

A un año de haber sido intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, el interventor de la EPS Sanitas, Kemer Ramírez, presentó un balance durante este periodo.

La entidad de salud enfrentará otro año bajo el modelo de intervención, bajo la prorroga que se conoció el pasado 2 de abril.

Hasta el momento, la Superintendencia informó que se han ejecutado medidas urgentes y estructurales con el objetivo de estabilizar la operación, mejorar la experiencia del usuario y garantizar la continuidad en la atención a más de 5,8 millones de afiliados.

Durante los últimos 100 días, bajo la dirección del actual agente interventor, Kemer Ramírez Cárdenas, se implementó un plan de choque que permitió una mejora en varios indicadores clave.

La atención de Sanitas muestra signos de mejora

Entre los logros que destacan se encuentra la reducción del 17,6 % en peticiones, quejas y reclamos (PQR), lo que equivale a 4.036 solicitudes menos entre octubre de 2024 y febrero de 2025. Además, el 94 % de los usuarios que acudieron a atención presencial fueron atendidos en menos de 30 minutos y se registraron 16,8 millones de visitas en los canales digitales, con un aumento del 20 % en la participación virtual.

Uno de los hitos clave que resaltaron durante el 2024 fue la caracterización de la población afiliada, entregada al Ministerio de Salud en noviembre de 2024. Esta información, basada en datos sobre condiciones de salud, determinantes sociales y aspectos demográficos, ha permitido personalizar la atención y priorizar intervenciones más efectivas.

En términos de percepción de calidad, el nivel de satisfacción de los usuarios subió 11 puntos porcentuales, alcanzando el 93 %, mientras que el indicador de recomendación llegó al 94 %. Se logró además que el 45 % de los servicios direccionados no requiriera autorización y que el 51 % se entregara en menos de 24 horas, lo que contribuyó a eliminar barreras de acceso.

La cobertura también mostró avances importantes: se amplió la red de prestadores con 403 entidades de primer nivel y 553 sedes activas, y se fortaleció la atención en zonas rurales con 12 equipos extramurales certificados que atendieron a 59.291 pacientes en áreas de difícil acceso.

En cuanto a la red farmacéutica, se reforzaron los mecanismos de supervisión a través de la estrategia ‘Termómetro al Servicio’, que incluyó auditorías, visitas con cliente oculto y seguimiento técnico a 30 farmacias priorizadas. Asimismo, se activó una sala de crisis para atender situaciones críticas en la entrega de medicamentos.

¿Cómo van las cuentas de Sanitas?

Desde el punto de vista financiero, la EPS logró un incremento del 161 % en pagos por giro directo a la red pública del régimen subsidiado y firmó 1.342 actas de conciliación de glosas por $155.486 millones. También se consolidó un comité de pagos para asegurar la eficiencia y transparencia en el uso de recursos, y se gestionaron ahorros por más de $21.000 millones gracias a negociaciones con la industria farmacéutica.

El gasto administrativo fue controlado: el 41,5 % de la UPC se destinó al pago de servicios de salud, superando la meta del 37 %, y el 68,5 % de los excedentes de planes adicionales se usaron para cumplir obligaciones con la red, por encima de la meta del 60 %. Además, se redujo en 3,6 puntos la concentración de pagos a prestadores, se disminuyó en 76 % la legalización de anticipos y se generaron ahorros por $466 millones con la salida de Acemi.

Prioridades para el segundo año de intervención

Para la Superintendencia Nacional de Salud, el segundo año de intervención de EPS Sanitas estará enfocado en avanzar en la negociación directa de medicamentos con la industria farmacéutica, con el fin de reducir los costos de intermediación y mejorar la disponibilidad de tecnologías en salud para los afiliados.

Otro eje clave será el fortalecimiento del modelo de seguimiento regional, a través de la estrategia de territorialización de la salud. En el marco de esta iniciativa, el agente interventor ha realizado visitas de reconocimiento en cuatro departamentos del país, priorizando los territorios con mayores brechas en el acceso a servicios de salud. El propósito es intervenir de manera oportuna en las zonas más vulnerables y garantizar que los equipos de atención lleguen a la profunda.

En paralelo, se ha identificado que una de las principales fuentes de inconformidad por parte de los usuarios es la entrega de medicamentos, especialmente aquellos que no hacen parte del Plan de Beneficios en Salud (No PBS). “Estamos trabajando en la causa raíz de las quejas. Sabemos que la mayor inconformidad está en la entrega de medicamentos No PBS. Por eso, hemos implementado una serie de acciones para diversificar la red de gestores farmacéuticos y, además, estamos ampliando las agendas de citas con nuestra red de prestadores para ofrecer más servicios a nuestros afiliados”, explicó el Agente Especial Interventor, Kemer Ramírez Cárdenas.

¿Qué ha dicho Sanitas sobre la intervención?

Keralty, accionista principal de EPS Sanitas, expresó su rechazo a la decisión del Gobierno de extender por un año más la intervención.

“Expresamos absoluto rechazo a esta determinación, que es una medida arbitraria, improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria. Por esta razón, Keralty continúa a la espera de las decisiones judiciales que están pendientes en el marco de los procesos”, comunicaron días atrás.

Según la empresa, los resultados del primer año de intervención demuestran un agravamiento de la situación financiera y operativa de la EPS, con indicadores de patrimonio, reservas técnicas y quejas en deterioro. En su concepto, la medida no ha solucionado la crisis, sino que la ha profundizado, lo que evidencia —según Keralty— que el verdadero problema radica en la desfinanciación estructural del sistema de salud y en las deudas acumuladas que el Estado no ha reconocido.

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