En entrevista con Valora Analitik, la presidenta del gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas (Acopi), Rosmery Quintero, afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio podría ser la encargada de velar por el cumplimiento de la ley de pago a 60 días que está finiquitando el Gobierno Nacional.
“Esperamos que la Superintendencia de Industria y Comercio sea la responsable de verificar que la ley de pago oportuno se cumpla. De igual manera sería la SuperIndustria la encargada de determinar la regulación del régimen sancionatorio de la misma”, dijo Quintero.
La presidenta de Acopi resaltó que la ley de pago a 60 días generaría una mejora en el relacionamiento comercial que se da entre las empresas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) porque son proveedores naturales de las grandes empresas.
Algunos de los beneficios que Quintero mencionó que se podrían generar por esta ley, serían el incremento en el flujo de caja que tendrían las mipymes, la reducción del endeudamiento por parte de este tipo de empresas que concluirían en precios de productos y servicios más competitivos en el ámbito nacional.
A pesar de que la futura implementación de la ley de pago a 60 días, que se realizará de manera gradual con el fin de que finalice siendo una ley de pago a 30 días, es casi una realidad; Acopi cree que aún se necesitan más medidas del Gobierno Nacional para garantizar la sostenibilidad de las mipymes.
“Estamos solicitando tarifas diferenciales en distintos tributos como el registro mercantil ya que una mipyme está pagando el mismo porcentaje que una multinacional. También pedimos prorrogas para las mipymes al momento de pagar el IVA así como una iniciativa para que las entidades públicas (municipios, alcaldías, gobernaciones) tengan que comprar obligatoriamente a las mipymes el 30% del requerimiento que tenga la entidad, ya sean bienes o servicios”, explicó Quintero.
Es de mencionar que, en la actualidad en Colombia, hay alrededor de 2,6 millones de mipymes que representan entre el 96% y 97% del total de empresas formales en el país.
