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La agencia S&P confirmó la clasificación crediticia de Chile en “A”, pero modificó la perspectiva a largo plazo de “estable” a “negativa”, ante mayores riesgos para el país suramericano.
En su comunicado, la entidad destacó como razones para mantener el rating la sólida institucionalidad de Chile por sobre sus pares de la región, el compromiso del gobierno con la consolidación fiscal, la flexibilidad de la política monetaria gracias a un tipo de cambio flotante y un Banco Central independiente con capacidad para revertir la inflación. No obstante, también ve un débil consenso que demora la aprobación de políticas públicas, lo cual influyó en el cambio de perspectiva.
De cara al fin de un nuevo proceso constitucional, la calificadora de riesgo dijo que -aunque el país se mantiene en una calificación nivel A– se ha agravado la polarización política, retrasando la aprobación de leyes importantes como la reforma previsional, tributaria y cambios en los procesos de regulación.
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Detalles sobre cambio a la constitución y reacciones
Sobre el avance del proceso, destacaron que el texto «se percibe como más derechista que la Constitución actual y carece del pleno apoyo de los partidos políticos que dominan el Consejo Constitucional».
«Si bien una Constitución no determina el éxito de un modelo económico o social, los últimos cuatro años en Chile han estado marcados por la falta de éxito de la clase política a la hora de encontrar un punto medio para aprobar e implementar reformas significativas que permitan reconstruir los colchones fiscales y externos, así como desbloquear un mayor crecimiento económico y mejorar los estándares sociales», indicó S&P.
Ante esta situación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que «esto tiene relación muy directamente con las cosas que hoy día estamos discutiendo. Mientras esta clasificadora de riesgo valora lo que se ha avanzado en reducción de la inflación, en reequilibrio de las finanzas públicas, en reducción del déficit de cuenta corriente de balanza de pagos, lo que señala es que, si no tenemos la capacidad para aprobar en el proceso político reformas que son necesarias para estimular el crecimiento y para fortalecer la posición estructural de las finanzas públicas, los riesgos de un debilitamiento de la economía van a ir creciendo».
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