En una misiva dirigida al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al ministro del Trabajo Antonio Sanguino y al ministro del Interior Armando Benedetti, las principales centrales sindicales del país (representadas por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT)) presentaron una propuesta formal para incluir un cuestionario en la consulta popular sobre derechos laborales.
La propuesta busca consolidar una agenda que “ponga fin a la precariedad laboral, combata la discriminación estructural en el mundo del trabajo, y recupere los derechos perdidos por la reforma laboral de 2002”, que fue considerada como un retroceso para la clase trabajadora.
En el primer apartado de la propuesta, se aboga por la erradicación de la precariedad laboral, vinculada a la informalidad que afecta a millones de colombianos, excluyéndolos del acceso a derechos laborales fundamentales.
El cuestionario propone priorizar la contratación directa, la estabilidad laboral y la formalización con derechos plenos, incluyendo a trabajadores rurales y contratistas.
Además, se plantea la prohibición de la tercerización en actividades esenciales de las empresas, siguiendo el modelo de México, que ha obtenido resultados positivos tras prohibir la subcontratación de actividades principales.
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El documento también hace un llamado para reforzar el principio de estabilidad laboral, donde el contrato indefinido se convierta en la regla general, limitando el uso de contratos temporales a situaciones específicas y transitorias.
Adicionalmente, se propone reconocer el derecho a la reincorporación de aquellos trabajadores que sean despedidos a través de prácticas ilegales de intermediación o contratación simulada.
La propuesta en la Consulta Popular contra la discriminación laboral
Otro de los puntos centrales de la propuesta es combatir la discriminación laboral que, según los sindicatos, es un flagelo que afecta a millones de colombianos en su acceso al empleo y a su permanencia y desarrollo profesional.
A través de la inversión de la carga de la prueba, se pretende establecer la presunción de discriminación en casos relacionados con criterios históricamente sospechosos, como el género, la etnia o la orientación sexual. Asimismo, se propone que los trabajadores afectados tengan derecho a la reparación integral, incluyendo la reincorporación al puesto de trabajo.
El cuestionario también aborda el fortalecimiento de la negociación colectiva, limitando la negociación con trabajadores no sindicalizados, lo que debilita al movimiento sindical y contraviene los principios de libertad sindical establecidos en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En su lugar, se reafirma la necesidad de que las organizaciones sindicales legalmente constituidas sean las únicas que puedan negociar colectivamente en representación de los trabajadores.
Entre tanto, un aspecto crucial de la propuesta es la recuperación de derechos laborales que fueron eliminados con la Ley 789 de 2002.
Esta reforma, que fue considerada perjudicial para la clase trabajadora de acuerdo con los sindicatos, modificó derechos como la remuneración por trabajo nocturno, los días de descanso y la compensación por despidos arbitrarios.
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Y, según la CUT, CGT y CTC, también promovió la deslaboralización del contrato de aprendizaje, lo que resultó en un aumento de la desprotección laboral.
La propuesta sindical busca restablecer estos derechos, que consideran son esenciales para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias, “reconociendo que la evidencia demuestra que las medidas de la reforma de 2002 no cumplieron sus promesas y contribuyeron a aumentar la vulnerabilidad laboral”.
Otros objetivos que proponen los sindicatos con la Consulta Popular
La propuesta presentada por las organizaciones sindicales también subraya un compromiso con la democracia laboral y con la consulta popular. Destacaron que, por décadas, la consulta ha sido solicitada por el movimiento sindical y que el Gobierno de Petro ha intentado sacar adelante.
Dicen las organizaciones sindicales que dicho cuestionario fue elaborado con apego a los requisitos legales y jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional, y, para estos, “representa una expresión clara del compromiso del movimiento sindical con la lucha por los derechos laborales en Colombia”.
Resaltaron también que este cuestionario responde a los principios de la propuesta original de Reforma Laboral, y subraya la movilización decidida del movimiento sindical en todo el territorio nacional para garantizar que estas propuestas se materialicen.
El llamado de las organizaciones sindicales es que se necesita un cambio estructural que no solo respete los derechos de los trabajadores, sino que también asegure un futuro de estabilidad y justicia social en el mundo laboral.
Con la inclusión de estos temas en la Consulta Popular, el movimiento sindical espera que el Gobierno Nacional logre un país más justo para sus trabajadores.
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