En octubre se celebrarán las elecciones regionales para que los colombianos elijan a alcaldes, gobernadores, diputados, concejales municipales y distritales y ediles y el papel de los servidores públicos en la campaña política se discute.
Por ello en diversas ciudades, pueblos y veredas de Colombia verá publicidad política de por quién votar y cómo hacerlo correctamente en el tarjetón que hallará en los puestos de la Registraduría Nacional.
Sin embargo, desde el 29 de junio iniciaron las restricciones de la Ley de Garantías Electorales, o la Ley 996 de 2005 la cual promueve el ejercicio equitativo y transparente de la democracia representativa.
Para ello se reglamenta la participación política de servidores públicos, es decir, no pueden hacer publicidad o campaña a algún candidato para cualquiera de los cargos a elegir y tampoco pueden destinar recursos de las entidades a su cargo.
Por otro lado, tampoco están habilitados para celebrar contratos con el Estado, es decir, no pueden adquirir empleo formal con una entidad pública cuatro meses antes de las elecciones regionales.
Hay que tener presente que estos contratos directos son los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, arrendamiento de inmuebles y contratos con proveedor exclusivo.
¿Todos los servidores públicos de Colombia están cohibidos de hacer campaña política?
Sí, de modo que los funcionarios públicos de ciertos sectores tienen totalmente prohibido tomar cartas en actividades de campaña política de partidos, candidatos, movimientos y tendencias.
Entre ellos están servidores públicos de:
- La rama judicial
- Los órganos electorales como la Registraduría o el Consejo Nacional Electoral
- Organismos de control
- Entidades de seguridad
Pero sí pueden el 29 de octubre ir a su puesto de votación con la cédula física o digital para ejercer su derecho al sufragio.
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Por otro lado, los funcionarios de las fuerzas públicas (Policía, Ejército, Armada y Fuerza Aérea) no pueden ir a votar por lo dispuesto en el artículo 219 de la Constitución Política.
“La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley”, se aprecia en el documento.
Tampoco pueden intervenir en actividades, debates de partidos o movimientos políticos ya que representan a una institución que vela por la seguridad de colombianos sin importar el partido político que esté al mando del país.
Quienes sí pueden participar activamente en la campaña política para las elecciones regionales son congresistas, senadores y miembros de cuerpos colegiados si lo hacen en beneficio del partido con el que fueron electos.
Por ejemplo, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático puede hacerles campaña a candidatos de este partido y no de otro como el Conservador.
Pero los que actualmente ejercen los cargos que se votarán, como alcaldes, no pueden hacer campaña política por nadie ni ningún partido, así sean afines a algún candidato.
¿Y los servidores en general?
Si no ejerce ningún cargo de los mencionados anteriormente pero igual trabaja con el Estado, por ejemplo, con el Departamento Nacional de Planeación, DNP de acuerdo con la sentencia C1153 de 2005 de la Corte Constitucional no puede ser militante de un partido o candidato.
Pero en general, todos los servidores públicos de Colombia no pueden utilizar su cargo para participar en actividades de partidos y movimientos políticos.
Tampoco para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política ni influir en procesos electorales tomando postura por un partido.
