Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta una semana crucial en su proceso judicial, donde es investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Este lunes se llevará a cabo una audiencia que definirá el rumbo de su caso, con dos posibles escenarios: la firma de un acuerdo con la Fiscalía o enfrentar un juicio.
La Fiscalía ha confirmado que Petro podría aceptar algunos de los cargos imputados como parte de un acuerdo.
Para liderar esta estrategia, su defensa cuenta ahora con Alejandro Carranza, un abogado experimentado en casos de gran relevancia nacional, incluyendo litigios relacionados con Odebrecht y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Carranza, además de su experiencia legal, cuenta con una maestría en derecho, estrategia y geopolítica, lo que refuerza, dicen los expertos, su enfoque en negociar una salida favorable para su cliente.
La defensa de Nicolás Petro asumió el caso tras la renuncia de su abogado anterior, Diego Henao, lo que generó un mes de suspensión en el proceso.
En la última audiencia, el juez Hugo Carbonó advirtió que no permitirá más aplazamientos y que el procedimiento continuará con la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía.
En las últimas horas, Nicolás Petro Burgos denunció que él, su pareja Laura Ojeda, y su hijo han sido objeto de amenazas de muerte. A través de la red social X, Petro Burgos calificó las intimidaciones como graves.
“Lamentablemente, hemos recibido amenazas contra nosotros y, lo más preocupante, contra nuestro bebé”, expresó. Además, manifestó su confianza en las instituciones judiciales de Colombia y agradeció el respaldo recibido por parte de familiares y amigos durante este difícil momento. “Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de nuestro hijo”, agregó en su publicación.
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Esta denuncia surge en un contexto crítico, a pocas horas de que se reanude la audiencia preparatoria del juicio en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Cabe mencionar que la defensa de Petro pidió que la audiencia fuera reservada y no tuvieran acceso los medios de comunicación, ni el público por razones de seguridad.
