Los gremios Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y SER Colombia celebraron y respaldaron la decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, -anunciada el 7 de mayo- de asumir la deuda asociada a la opción tarifaria (solución provisional que se le brindó en pandemia a hogares que no podían pagar sus servicios públicos).
Los gremios aseguraron que la decisión del Gobierno Petro se enmarca en los planteamientos que se habían hecho reiteradamente y con anterioridad al Ejecutivo.
Esta medida implica el pago por parte de la Nación del monto del saldo adeudado por los usuarios del servicio de energía eléctrica a los prestadores de éste, que aún se encuentran aplicando la opción tarifaria y/o están en proceso de recuperación de sus saldos.
“Esta decisión se convertirá en un alivio efectivo para las tarifas de los usuarios a los que se les viene cargando este valor, en un momento importante para el país”, precisaron los gremios.
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Hay que decir que el monto total estimado de los saldos acumulados que hoy se tienen es de alrededor de $5 billones, de los cuales cerca del 50 % corresponde a la Costa Caribe; según los saldos de cada comercializador, este alivio podría implicar una reducción entre el 7 % y el 19 % de la tarifa actual.
“Adicionalmente, destacamos todas las iniciativas de implementación de techos solares y generación distribuida que ayudarán a aportar más energía limpia al país y a proporcionar mayores herramientas para que los usuarios tomen decisiones sobre sus propios consumos, que deben ser cada vez más eficientes”, manifestaron las entidades.
Agregaron que “apoyamos en forma decidida las comunidades energéticas y el empoderamiento que estas representan para los usuarios del país”, destacaron Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y SER Colombia.
Por último, desde los gremios y sus empresas afiliadas, se ratificó y reafirmó su mayor disposición para seguir contribuyendo en la construcción e implementación de medidas sostenibles, consultadas y evaluadas, que respondan al ordenamiento constitucional y legal vigente”.
Y que permitan garantizar el abastecimiento seguro y confiable de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural, “en el marco institucional actual a través de espacios de participación amplios e incluyentes con todos los actores del sector”.
