Varios representantes del sector de la energía en Colombia presentaron su preocupación ante la crisis actual que vive el país en esta materia y expresaron su desacuerdo frente a parte del tratamiento que se está dando a la intervención de Air-e, que se llevó a cabo hace unas semanas por el Gobierno Nacional.
Según lo indicado, la toma de posesión de la empresa prestadora de energía en esa zona del país generó el congelamiento de deudas previas y el atraso en el pago de las obligaciones corrientes, que superan $500.00 millones. Por esta razón, se pide asegurar que se honren los compromisos de pago de la empresa, incluyendo los demás agentes de la cadena, a través del Fondo Empresarial de la Superservicios.
Además, se han anunciado y tomado medidas que ponen en riesgo la prestación del servicio de energía, tal como la habilitación de la posibilidad de no pago de obligaciones del mercado hasta finales de año.
“El agente interventor no es una persona que tiene la licencia para hacer lo que quiera sin haber esperado lo que diga el Ministerio o la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas). Se han tomado decisiones que después tienen que echarse para atrás”, manifestó Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).
Ejemplo de esto, expone, “es cuando dijo que tocaba evitarse residuos y basuras en tema de las facturas. En la Ley 142 está descrito que debe ser así y por solucionar un problema no podemos crear otro adicional”.
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Sánchez también ejemplificó el tema de la opción tarifaria. “La opción tarifaria de Air-e es muy importante pues definirá lo que va a suceder en el resto del Caribe. Esa decisión va a aplicarse muy seguramente también con Afinia porque va a haber un desequilibrio en las regiones y por eso es importante ver qué recursos va a tener esta empresa, no es solo haber dicho que la asumió y que tenemos un interventor, sino que el Gobierno se haya comprometido a dar los recursos necesarios que corresponden”, dijo.
Air-e y el mercado de la comercialización de energía
De otro lado, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras hizo un llamado al Gobierno a asegurar la prestación normal del servicio a los usuarios del mercado de comercialización de Air-e.
Y es que las compras de energía de Air-e mensualmente son del orden de $350.000 millones o $400.000 millones “y eso requiere una provisión de capital de trabajo de la compañía”.
“Pero en el contexto de la intervención es fundamental que el Gobierno asigne los recursos para el fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos que le permita financiar la operación”, indicó.
Eso significa pagar la energía que se compra al mercado “para que los agentes térmicos puedan asegurar la compra de combustible y garantizar la prestación continua -de acá a los próximos meses- de tal forma que se mitigue el riesgo sistémico frente a un default de comercialización a un empresa grande como Air-e, intervenida, que no pueda asumir los compromisos con el mercado de la energía”, finalizó.
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