El presidente Gustavo Petro ha pedido la renuncia de todos sus ministros en medio de una crisis política que sacude su gobierno y que impactará directamente la agenda legislativa, a pocos días de su inicio.
La tensión en el Ejecutivo se intensificó tras el nombramiento de Armando Benedetti, exembajador ante la FAO, como jefe de despacho en la Casa de Nariño.
Su llegada generó fuertes discrepancias dentro del gabinete, evidenciadas en el más reciente Consejo de Ministros, transmitido públicamente y marcado por enfrentamientos entre funcionarios.
Varios miembros del gobierno consideran que la designación de Benedetti contradice el programa político de Petro y los principios progresistas que marcaron su campaña.
Entre las voces más críticas a su nombramiento están la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez; la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y el director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar.
A pesar de la controversia, Petro defendió a Benedetti, recordando que fue uno de los primeros congresistas en apoyarlo cuando denunció el paramilitarismo en el Congreso y señalando que “todas las personas merecen una segunda oportunidad”.
Impacto en la agenda legislativa
Las renuncias afectan directamente la gobernabilidad y la relación del Ejecutivo con el Congreso. Entre los funcionarios que dejan el gabinete destacan el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien tenía en curso la discusión de la reforma laboral.
También confirmó su salida la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, al igual que el ministro de Cultura, Juan David Correa, el ministro de Minas, Andrés Camacho, la canciller Laura Sarabia, el director del Dapre, Jorge Rojas, y la secretaria Jurídica de Presidencia, Paula Robledo.
En su carta de renuncia, Gloria Inés Ramírez agradeció a Petro la oportunidad de haber liderado el Ministerio de Trabajo y destacó los avances en la implementación de la reforma pensional. Asimismo, subrayó que la reforma laboral sigue en trámite en el Congreso y que su aprobación será clave para fortalecer los derechos de los trabajadores.
Por su parte, Juan Fernando Cristo, en entrevista con Caracol Radio, explicó que su decisión responde a la necesidad de una “reconstrucción del Gobierno” y a la urgencia de corregir el rumbo. Su salida era previsible, pues en las últimas semanas había sido señalado como uno de los puntos de mayor conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bajo su gestión, el gobierno enfrentó dificultades en la tramitación de reformas clave, como la política, la de salud y la laboral, que no lograron avanzar en los tiempos esperados.
La crisis ministerial supone un desafío para la administración de Petro, que deberá recomponer su equipo de gobierno y relanzar su agenda legislativa en medio de un clima de creciente tensión política.
El futuro de las reformas: un Congreso en tensión
A una semana del reinicio de sesiones en el Congreso, el Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta un panorama legislativo complejo, marcado por la incertidumbre tras la renuncia de Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo y principal promotora de la reforma laboral, que aún debe superar dos debates para convertirse en ley.
El Ejecutivo había considerado convocar sesiones extraordinarias para impulsar la discusión de la reforma a la salud, una de sus prioridades. Además, se estudia la posibilidad de presentar una nueva reforma tributaria o una ley de financiamiento para fortalecer las finanzas públicas.
En el Legislativo, la agenda estará dominada por tres proyectos clave:
- Reforma a la salud: debe continuar su discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes.
- Reforma laboral: ya cuenta con ponencia en la Comisión Séptima del Senado.
- Jurisdicción agraria: avanza con amplio respaldo, tras su aprobación en las comisiones primeras de Senado y Cámara.
Por otro lado, el Gobierno también trabaja en iniciativas como la Ley de Competencias del Sistema General de Participaciones (SGP), un plan de choque para la implementación del Acuerdo de Paz, la protección de líderes comunales y el cumplimiento de compromisos en materia de garantías electorales.
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