El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Francisco Lloreda, reveló que el sector de hidrocarburos es uno de los mayores aportantes a las finanzas públicas, llegando a aportar mucho más de lo estimado para 2022. Lea más de petróleo.
Se prevé que, gracias al ciclo de altos precios del petróleo, para este año los aportes de esta industria a la Nación aumenten en $24 billones; es decir que habrá recursos adicionales -que las empresas de este sector entregarán al Estado colombiano- a lo previsto inicialmente.
Así las cosas, esta industria de hidrocarburos pasará de entregar $34 billones -que aportó en 2021- a $58 billones en 2022, según los cálculos de la ACP.
“Cuando se estableció el marco fiscal de mediano plazo, era sobre un barril de alrededor de US$70 y el promedio que se proyecta al terminar el año es aproximadamente de US$104 el barril, lo que va a significar que la Nación va a recibir $24 billones adicionales a los que tenía previsto; es decir, el monto previsto para la reforma tributaria”, explicó Lloreda.
Para el presidente gremial, si se aprueba la reforma -como se planteó inicialmente- el aporte del sector al país -dependiendo de algunas variables- bajaría considerablemente: lo que se estima es que esa cifra sea de apenas $4 billones y $6 billones.
Para Lloreda, la industria está dispuesta a aportar con recursos fiscales pese a los ingresos adicionales expuestos.
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“Pero nos preocupa que, como está planteada la reforma, alrededor del 24 % de la misma recae en la industria y esto pone en riesgo proyectos de exploración y producción, se eleva la carga fiscal”, manifestó.
Según el presidente de la ACP, las propuestas que le han hecho al Gobierno de Colombia están encaminadas a revisar esos impuestos ya que “no tiene sentido prohibir que se deduzca lo que se paga de regalías de la base del impuesto de renta, ni imponer un impuesto a las exportaciones que lastimaría en especial a las empresas privadas, sino que trabajemos entorno de una sobretasa al impuesto de renta”, apuntó Lloreda.
De acuerdo con el líder de la ACP, esta sobretasa se fijaría a partir de un umbral que corresponda a precios altos, que sea escalonada, y que en situaciones de precios elevados el aporte de las empresas sea mayor, pero sin perder la competitividad ni poner en riesgo la exploración y la producción de hidrocarburos.
La reforma tributaria, de acuerdo con cálculos de la Asociación, permitiría que se pierdan 20.000 empleos directos por las campañas de perforación que se inviabilizarían (75 % mano de obra local. No incluye empleos indirectos, lo que se traduciría en un impacto mayor).
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Asimismo, los contratistas de bienes y servicios perderían oportunidades de contratación cercanas a US$4.500 millones. Estas son oportunidades adicionales a los 95.000 empleos que actualmente genera la industria del petróleo y gas en Colombia.
Adicionalmente, si el país terminase aprobando la reforma tributaria tal y como está planteada, y a eso se le suma la insistencia del Gobierno de no suscribir nuevos contratos de exploración, no habría incentivos de empresas de capital extranjero para invertir en Colombia, en línea con las mediciones de la ACP.
“Eso significaría que la autosuficiencia en materia de petróleo y gas del país se perdería en el curso de unos seis u ocho años dependiendo del energético, lo que haría que empecemos a depender de otros países cuando lo cierto es que el país debe avanzar a una transición seria y responsable que va a tardar mínimo 20 o 30 años”, ratificó el líder gremial.
Proyectos costa afuera, ¿en peligro?
Según el presidente de la ACP, los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos costa afuera de Colombia estarían en riesgo porque estas iniciativas han podido avanzar bajo un régimen tributario especial en zona franca.
“Ya se han invertido más de US$1.000 millones, esto de parte de Ecopetrol y de empresas privadas con las cuales está asociado (como Shell, Petrobras y ExxonMobil) para poder avanzar en estos descubrimientos. Tal y como está planteada la reforma, se elimina ese régimen tributario especial y terminarían bajo una carga fiscal de hasta el 80 %, lo que haría totalmente inviable esos proyectos costa afuera”, advirtió Francisco Lloreda.
Y agregó que, de manera similar, también estarían en riesgo otros proyectos en tierra firme “porque cada uno tiene sus distintos umbrales de rentabilidad para que puedan ser comerciables.
