La reforma tributaria que alista el gobierno de Gustavo Petro y que podría ser radicada a mediados de la próxima semana incluirá un artículo para pagar billonaria deuda de las tarifas de energía.
Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien indicó que esta iniciativa también hace parte de los planes de reactivación económica para el país.
De hecho, dijo que será uno de los puntos clave para mitigar uno de los grandes problemas que hoy afectan a millones de colombianos, sobre todo en la costa Caribe.
“Esto irá como un artículo de la ley de financiamiento”, señaló el titular de la cartera.
Y anotó que la idea del Gobierno es que la próxima semana se radique la reforma tributaria, aunque también podría ampliarse el plazo hasta el 11 de septiembre.
Artículo para pagar billonaria deuda de las tarifas de energía
En todo caso, el artículo le permitirá a la Nación asumir buena parte de las deudas de la llamada opción tarifaria, que son aquellas que las empresas de servicios públicos les cobran a los usuarios por los incrementos que no se hicieron durante la pandemia.
En ese momento, se optó por diferir estos pagos de tal modo que se pudieran hacer una vez se terminara la emergencia sanitaria.
El problema es que, en la actualidad, este rubro está presionando fuertemente las tarifas de energía en el país, en particular en los municipios del Caribe.
Según cálculos de los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, la deuda total por este aspecto llega a $4,7 billones, de los cuales $2,8 billones corresponden a los estratos más bajos (1, 2 y 3).
Esta última cifra será la que asumirá el Gobierno por medio de deuda, dándoles un alivio a millones de usuarios de las empresas Caribemar -Afinia, Grupo EPM, Air-e, CHEC, Centrales Eléctricas de Norte de Santander, Empresa de Energía del Quindío y Vatia.
Eso sí, los recursos se girarán a Findeter, que actualmente les entrega recursos a las compañías mencionadas, mediante líneas de crédito habilitadas por la banca pública, de tal modo que la operación se pudiera hacer de manera expedita.
Con esto en mente, será el Gobierno el que pague los $2,8 billones mencionados mediante el Presupuesto General de la Nación, que se aprueba cada año en el Congreso.
