Ocho meses después de su aprobación en el Congreso, la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro enfrenta un examen decisivo en la Corte Constitucional y los próximos días serán clave.
El alto tribunal se reúne en un cónclave para analizar la validez de la ley, que ha sido cuestionada por presuntos vicios de procedimiento y de fondo, y que podría resultar en que una parte tenga que tramitarse nuevamente en el Legislativo, esta sea aprobada parcial o definitivamente quede hundida por completo.
Los escenarios son múltiples y cada uno tiene implicaciones diferentes, pero la decisión final será clave para definir el futuro de esta reforma del presidente Gustavo Petro y hasta de su impacto en las elecciones presidenciales y legislativas del 2026.
Un trámite apurado en el Congreso
Lo que está claro, por ahora, es que el trámite que tuvo el proyecto durante su paso por el Congreso fue apresurado, y algunos expertos consideran que las irregularidades en su trámite podrían hacerlo inviable.
Entre las demandas presentadas contra la reforma pensional se encuentran alegaciones de inconstitucionalidad por falta de debate en la Cámara de Representantes, ausencia de garantías para la oposición y omisión de análisis fiscales en las primeras etapas del proyecto.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry advirtió que la Corte podría basarse en el precedente de la sentencia C-074/21, que exige el cumplimiento riguroso de los requisitos constitucionales en la formación de las leyes.
En este caso, el aval fiscal del Ministerio de Hacienda llegó hasta el tercer debate, dejando sin análisis financiero los dos primeros, y el último se llevó a cabo sin discusión por el afán de aprobar la norma antes del cierre de la legislatura.
Otro punto en disputa es la asignación de funciones al Banco de la República para administrar recursos del régimen contributivo, lo que podría afectar su independencia y autonomía.
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Escenarios posibles para la reforma pensional
El futuro de la reforma pensional es incierto y, como se mencionó previamente, la Corte Constitucional tiene varias opciones:
1. Declararla inconstitucional en su totalidad, lo que obligaría al Gobierno a replantear su estrategia y presentar un nuevo proyecto ante el Congreso.
2. Anular solo algunos artículos o expresiones, eliminando las disposiciones que presenten irregularidades sin afectar el resto de la ley.
3. Modular su aplicación, es decir, interpretar o condicionar ciertos aspectos para ajustarlos a la Constitución.
4. Devolverla al Congreso para subsanar los errores y completar el trámite conforme a los requisitos legales.
Según Kenneth Burbano, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá, aunque existen varias demandas contra la reforma pensional de Petro, el Expediente 15989 —correspondiente a la que fue presentada por la senadora Paloma Valencia— ya cuenta con un proyecto de fallo elaborado por el magistrado Jorge Ibáñez.
De acuerdo con informes de medios, esta ponencia pide tumbar en su totalidad la ley aprobada por el Congreso, justamente por fallas en su trámite legislativo. Eso sí, la Sala Plena del alto tribunal será el encargado de definir si acoge o no los argumentos del togado.
Al margen de lo anterior, con este proyecto de fallo, comenzó a correr el plazo de 60 días para que la Corte adopte una decisión definitiva. No obstante, el proceso aún podría enfrentar modificaciones.
Si el borrador no es aprobado, el magistrado sustanciador podrá solicitar que otro lo elabore. Además, si un criterio disidente obtiene respaldo, el presidente de la Corte podría encargar al magistrado en minoría la elaboración de un nuevo proyecto.
Se trata de diversos escenarios que pueden ocurrir durante los siguientes dos meses y que están previstos por la ley. No obstante, el propio Ibáñez ha señalado que su expectativa es tener una decisión de fondo hacia finales de marzo.
Posibles audiencias públicas y suspensión de términos
Eso sí, en este punto es clave señalar que el proceso se encuentra en suspensión de términos, mientras se resuelven los impedimentos y recusaciones presentados, lo cual añade incertidumbre al futuro de la reforma, que aún podría ser declarada inconstitucional, modulada o ratificada con modificaciones.
Sumado a lo anterior, en el transcurso del análisis, cualquier magistrado podrá solicitar la convocatoria de una audiencia pública hasta 10 días antes del vencimiento del plazo.
En ese caso, la Corte decidirá por mayoría si la realiza y fijará un término breve para que los participantes preparen sus argumentos.
Esta idea podría calar entre los togados del alto tribunal, sobre todo porque fue un pedido expreso del presidente Gustavo Petro, quien les envió una carta solicitando el espacio para discutir la ley aprobada durante el año pasado.
En todo caso, los magistrados también podrían negarse a realizar la audiencia solicitada y así seguir con la deliberación de fondo, de cara a tener una respuesta antes de que la reforma pensional entre en vigor, lo cual se dará el 1 de julio de 2025.
