Una carta enviada esta semana por Fenalco al Congreso reavivó las dudas que los empresarios tienen sobre la reforma laboral del presidente Gustavo Petro y que van más allá de algunos puntos del proyecto.
En la misiva, el gremio de los comerciantes fue enfático en pedir el archivo de esta iniciativa, por considerar que no genera nuevos puestos de trabajo, incrementa los costos laborales y estimula la informalidad.
Según Jaime Alberto Cabal, presidente del Fenalco, “el proyecto es inconveniente, no solamente porque (…) no va orientado a crear nuevos empleos, sino por el contrario a destruir plazas de trabajo”, pero también “por cuenta de un incremento de costos laborales”.
Reactivació del debate en el Senado
El sector privado tiene muchas reservas acerca de la reforma laboral presentada por el gobierno de Gustavo Petro y sus preocupaciones se han acrecentado ahora que el proyecto retomará su discusión en el Senado de la República.
Así lo anunció esta semana el nuevo ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien dijo que hay buen ambiente para reactivar la discusión e incluso confirmó que se podría hacer desde la semana del 10 marzo.
Según relató, Colombia tiene que “atender los compromisos que se tienen con la Organización Internacional del Trabajo y acoger las recomendaciones de la OCDE”.
Y agregó que, hasta el momento, “se adelantado audiencias públicas en todo el país, de tal manera que tanto empresarios, representantes de la sociedad y el Congreso conozcan los beneficios que trae la reforma para los trabajadores colombianos”.
¿Cuáles puntos de la reforma laboral alertan a los empresarios?
A pesar de lo anterior, Valora Analitik habló con tres empresarios de diversos sectores quienes manifestaron sus preocupaciones en torno la reforma laboral -que ya ha sido aprobada en dos de cuatro debates- y las implicaciones que tendrá en el sector privado.
Por un lado, Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, le dijo a este medio que uno de los principales efectos de la nueva normatividad será el incremento de los costos para las empresas, por cuenta de cambios en pagos dominicales y festivos, además de los ajustes en la jornada laboral y las licencias.
Sin embargo, señaló que el tema más alarmante son las medidas que, de alguna manera, restringirían el poder de toma de decisiones dentro de las empresas.
“Es decir, que se meten de alguna manera a coadministrar la misma legislación, intenta coadministrar las compañías. Eso realmente es lo más es lo más preocupante”, anotó.
El dirigente gremial argumentó que esto tiene que ver con ajustes que se prevén para los contratos sindicales y de aprendizaje, y también con la migración a contrato a término indefinido y la eliminación de los pactos colectivos.
De otro lado, Pedro Miguel Estrada, expresidente del Grupo Excala (antes llamada Compañía de Empaques), enfatizó en lo complejo que sería eliminar los contratos sindicales, tanto para los trabajadores como los patronos.
“En el contrato sindical de nosotros hay más de 1.000 personas que viven supremamente bien. Esto da una estabilidad laboral espectacular y tienen todas sus prestaciones. Además, los empleados son partícipes de unos beneficios importantísimos”, indicó.
Y agregó que la reforma laboral generará, a la vez, mucho desempleo y una informalidad más alta, al tiempo que los empresarios lo pensarán dos veces a la hora de aumentar sus nóminas.
Crisis empresarial y mayores costos para el sector privado
Finalmente, Charles Chapman, socio fundador de la firma Chapman Wilches, dijo que el proyecto “no atiende las prioridades y a los más vulnerables del mercado laboral”.
En ese sentido, afirmó que no hay beneficios para personas sin empleo, ni tampoco para aquellos que están en la informalidad.
Como si eso fuera poco, anotó que hoy en día, en Colombia se registra una “catástrofe empresarial”, a tal punto que el año pasado se liquidaron más de 280.000 compañías, debido a que “no hay una política del gobierno de reactivación y el consumo de los hogares no ha despegado”.
Con esto en mente, dijo que si se le sigue incrementando los costos al sector privado, como sucedería con la reforma laboral, “los empresarios o cierran, porque no resisten, o tienen que reducir los empleos”.
Y no es el único que lo cree. Un estudio de investigadores del Banco de la República señala que más de 450.000 puestos de trabajo formales podrían desaparecer con la nueva legislación que se pretende aprobar y que podría salir adelante si el Congreso la avala en el año y medio que le queda de sesiones.
