La reforma laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro busca que todas las prácticas profesionales en Colombia entren a pagarse y con un tope mínimo de salario.
Según el proyecto de ley, lo que se pretende es que Colombia recupere y mejore las condiciones contractuales de los trabajadores, derechos que, según el gobierno del presidente Petro, se habrían perdido en los últimos 30 años.
De esta manera, define la reforma laboral para Colombia que las prácticas profesionales se van a definir como contratos de aprendizaje.
Reforma laboral en Colombia: Cambios a las prácticas profesionales
Un punto clave de esa disposición tiene en cuenta que el contrato se ejecutará “estrictamente” en el tiempo estipulado por los diseños curriculares o planes de estudios. Lo anterior quiere decir que estos no podrán exceder los 36 meses en dos etapas.
“Durante toda la vigencia de la relación, la persona recibirá de la empresa una remuneración que, en ningún caso, será inferior al salario mínimo legal mensual vigente, o del estipulado en convenciones colectivas o fallos arbitrales”, se lee en la reforma laboral en Colombia.
Aclara el proyecto de ley que en los contratos de aprendizaje celebrados con estudiantes menores de edad “deberá mediar autorización del Inspector del Trabajo”, agrega el documento.
Según el proyecto de ley, esas prácticas profesionales que serán reguladas por el contrato de aprendizaje llevarán a que el empleado pueda desarrollar ocupaciones “semi cualificadas”, las cuales no necesiten de un título o calificadas que requieran título de programas de formación complementaria.
Y se tienen en cuenta las”titulaciones que sean ofrecidas por las escuelas normales superiores, programas de educación superior pregrado, programas de educación para el trabajo y desarrollo humano, programas del Subsistema de Formación para el Trabajo, así como la oferta de formación profesional integral del SENA”, agrega la reforma laboral en Colombia sobre las prácticas profesionales.
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Finalmente, asegura el proyecto de ley que se creen los instrumentos para que el Gobierno Nacional destine “recursos del Presupuesto General de la Nación para incentivar la contratación de aprendices, de acuerdo con la asignación que el Congreso de la República”.
