El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, entregó más detalles -en el XXV Congreso de Andesco- sobre lo que se busca desde el Gobierno de Colombia para la reforma de servicios públicos.
Por un lado, frente al tema de los mínimos vitales para los servicios públicos en Colombia (agua, internet, gas, entre otros) el funcionario explicó cómo funcionaría esta medida:
“El mínimo vital está concebido para personas que, realmente, no pueden -por su condición económica- pagar un servicio público, hay gente que no puede pagar sus servicios, pero que tienen derecho a ellos. Entonces, el Estado -como por mandato constitucional- tiene que garantizar la prestación de estos recursos, que es el mínimo vital”, precisó.
Agregó que “en el caso del agua, es lo mínimo, son seis litros que necesita una persona diariamente y hay que garantizárselos. Pero si no lo puede pagar, el Estado tiene que asumirlo. Esto es para la gente de menores recursos, como lo dice en el artículo 13 de la Constitución Política”.
Sobre cómo se clasificarán los usuarios para determinar quiénes serían o no beneficiarios de esta medida, y cómo se diferenciaría del consumo de subsistencia que está vigente para estratos uno, dos y tres, el superintendente explicó que:
“Hay que mirar otros criterios. Están mirando desde el punto de vista de Planeación que también está estudiando la situación: porque ya no es el Sisben, pues hay gente que lo tiene y de todas maneras puede trabajar, costearse otras cosas. Hay gente que tiene otras situaciones y hay otros que no tienen nada”, argumentó Quiroga.
Con esto se trataría de garantizarles a esas personas que, por su situación económica, necesitan que el Estado asuma un mínimo vital en los servicios públicos.
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Diferencias del mínimo vital y el consumo de subsistencia
Según el superintendente de Servicios Públicos, aseguró que el mínimo vital se activa cuando la persona no pueda pagar. “El mínimo vital, hay uno que es lo mínimo que cualquier persona necesita para vivir, pero no todos están en la capacidad de necesitar del Estado”.
Es decir, que es una ayuda que se activa solo en el momento en que las personas no puedan hacerse cargo del pago de sus servicios por una situación de precariedad (muy pocos o nada de ingresos).
Aún no se ha definido con exactitud las cantidades de ese mínimo vital, pues aún hay discusiones de servicios como con el internet: que hasta ahora empieza a ser considerado como un servicio público domiciliario.
“Aquí la en la legislación nacional no está contemplado como un servicio público domiciliario. Sin embargo, hay unas normas internacionales, algunas personas que lo están planteando, que ya debería haber un mínimo vital también de internet”, precisó Quiroga.
Reforma a los servicios públicos: ¿cambiar la Ley 142 de 1994?
El jefe de la SuperServicios aclaró que el Gobierno Nacional no ha pensado en cambiar toda la Ley 142 de 1994 con la reforma a los servicios públicos.
“Es un ajuste al programa de Gobierno, hacer algunos cambios a los mandatos constitucionales que se han dado a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, afirmó.
De acuerdo con Quiroga, la Corte Constitucional ha dado órdenes de que el Estado normatice sobre algunos aspectos en el caso del aprovechamiento.
“Por ejemplo, obligó al Estado a asumir una acción afirmativa con los recicladores. En el caso del mínimo vital, también se ha pronunciado la Corte Constitucional, en el caso de los derechos de los usuarios cuando les cortan el servicio sin el respeto al debido proceso. Esas cosas son esenciales y se van a tener en cuenta. Hay otras que son ajustes, de pronto, por la misma situación que hoy surgen más energías, tecnologías, que se exigen adecuar la ley”, apuntó el funcionario.
En cuanto a si la nueva ley va a cambiar la forma en que se fijan las tarifas de los servicios, Dagoberto Quiroga explicó que lo que se busca es que el Estado regule para evitar abusos.
Indicó que hay vacíos normativos. “En el caso de la energía, en el caso de la generación, transmisión, comercialización -que son componentes de la tarifa- le meten corrupción y ya nos acostumbramos a cargarla como un componente de la tarifa. Estamos buscando que se haga justicia tarifaria”.
Añadió que “se están cometiendo abusos y hay malas prácticas, no de todas las empresas, ni que sea privada o pública, porque las malas prácticas existen en tanto en lo privado como en lo público. Vamos a escuchar a la gente porque tenemos muchas quejas, pero a veces no es que se tenga que cambiar la norma, sino que se tiene que hacer cumplir”.
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¿Cuándo se presentarán la reforma a los servicios públicos?
Sobre el cronograma puntual para presentar la reforma a los servicios públicos en Colombia -tal y como lo anunció el presidente Gustavo Petro para el segundo semestre de 2023-, Quiroga destacó el mandatario está “afanado porque las quejas son muchas”.
Se sabe que la SuperServicios está en el ejercicio de escucha a los diferentes actores de la cadena.
Aún no es muy claro cuándo se va a conocer, por lo menos, un borrador de la ley. Sin embargo, se sabe que la entidad ya tiene un articulado avanzado que, paulatinamente, se ha ido socializando -por fragmentos- en medio de foros y otras actividades académicas.
Además, el superintendente asegura no ver un mayor impacto económico y fiscal para el Estado con la reforma a los servicios públicos. “Sí acaso el mínimo vital, pero tampoco va a ser muy grande porque no va a ser para la mayoría de la población, ni para todos los pobres”.
Los límites para la reforma
De acuerdo con el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, uno de los límites que no se debe cruzar con la reforma a los servicios públicos es la protección a la institucionalidad.
“Es importante que el Gobierno ponga en propiedad a los funcionarios de la CREG y de CRA, que no nombremos por tres meses a esas personas, porque no son independientes, tienen que ser técnicos independientes, no podemos cambiar lo técnico por lo político, ese sería un retroceso inmenso”.
Explicó que también se deben tener fuentes de financiamiento, así como “ser serios en lo que estamos buscando. Poner puntos para ir viendo los cumplimientos. Un ejemplo es que estábamos hablando de transición energética, pero, como vamos, a 2050 no se va a lograr”.
Agregó “como vamos, La Guajira no va a tener energía solar y eólica si seguimos teniendo los problemas de seguridad que se están dando, las empresas que se están yendo, porque algunos poquitos han hecho lo necesario para ir espantando y poniendo lejos la posibilidad”.
Sánchez invitó a “no matar la posibilidad de lograrlo. Es mejor tener el 1 % de algo al 50 % de nada”.
De acuerdo con el líder gremial, la reforma a los servicios públicos debe estar más anclada ajustar la parte tecnológica que usa esta industria para mejorar la prestación de los servicios.
