El proyecto de ley que tiene por fin fortalecer la autonomía fiscal de los territorios en Colombia, incrementando los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), ya cuenta con dos conceptos negativos que dejan a la iniciativa sin respaldo técnico.
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El pasado viernes 11 de octubre, el DNP remitió al Senado un concepto que concluye que la iniciativa es inconveniente y “pone en riesgo la viabilidad del Estado” porque implica “desafíos financieros significativos”.
“Hay una muy baja probabilidad de financiar al Gobierno con más endeudamiento o con más impuestos por el bajo crecimiento en el consumo y (porque) los niveles de la inversión son los mismos de 2020”, apunta el DNP, lo que se traduce en una alta inflexibilidad del gasto.
De hecho, la entidad advierte que el proyecto de acto legislativo sacrificaría la inversión que hace el gobierno en el cierre de brechas, la financiación de los sectores de justicia, defensa y seguridad, los compromisos de prestaciones con pensionados y el cumplimiento de los compromisos de deuda, que se llevan un porcentaje importante de los ingresos corrientes.
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De acuerdo con el último Marco Fiscal de Mediano Plazo, la deuda neta del Gobierno Nacional Central (GNC) fue del 53,8 % del PIB en 2023. Aunque fue inferior a la de 2022, para 2024 se espera un crecimiento del nivel de deuda hasta el 55,3 % del PIB y en 2025 se ubicaría en el 56,5 %, según pronósticos.
Entre otras, la iniciativa busca que el SGP de los departamentos y municipios crezca como porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación hasta llegar a ser como mínimo del 46,5 % en el año 2035, tras unos incrementos fijos progresivos en el transcurso de nueve años.
El DNP insistió en que Colombia aún no es sostenible en cuanto a generación de ingresos para su funcionamiento y proyectó, basado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que aumentar la participación al 46,5 %, implicaría elevar gradualmente el SGP desde el 1 % adicional entre 2025 y 2026 hasta el 16,4 % adicional en 2035.
Fuente: DNP.
“En términos de recursos implicaría aumentar en $3,6 billones adicional a lo tiene el MFMP en 2027, hasta alcanzar la cifra de $85,3 billones en 2035, lo cual equivale al 85 % de las vigencias aprobadas a la fecha que amparan proyectos en los sectores de transporte, vivienda social, inclusión social, Fiscalía entre otros”, señaló la entidad.
“Yo veo una inclinación política en esta propuesta que dice que a los territorios debería girárseles casi la mitad del presupuesto. Pero con una deuda externa de más de US$197.500 millones eso es imposible, volvería inviable el sector central de la nación y no ayudaría en nada”, dijo Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
El académico incluso sugiere que el Congreso archive el proyecto por falta de aval financiero. Sin embargo, el senador Iván Name del Partido Alianza Verde, uno de los autores de la iniciativa, recordó que en la Constitución del 91 la participación de las entidades territoriales en los recursos nacionales era de más del 40 %. “Los gobiernos sucesivos la empezaron a recortar y quedó en el 20 %, el objetivo es volver a lo que era gradualmente para no hacer daño”.
El consultor y ex viceministro de Hacienda, Andrés Pardo, coincidió en que el proyecto, tal como está, “pone las finanzas públicas en una senda de insostenibilidad gravísima” porque obliga al país a destinar un monto muy alto y puede llevar a que se deterioren los indicadores e incluso a que desmejore la calificación de riesgo del país. “Es una bomba fiscal y no puedo creer que los congresistas no lo vieran”, sentenció.
Name argumentó que el país se ha manejado bajo un modelo centralista, que es causa del atraso, la pobreza y la guerra, por dos siglos y que se muestra afectado cuando se habla de las regiones. “Vamos a dejarnos de tanto opinador experto que es precario en la comprensión de la política, se trata de hacer justicia”, advirtió.
También anunció que varias bancadas trabajan en un proyecto de regiones autonómicas para fines políticos, similar a lo que tienen países como España. “Somos partidarios del desarrollo de las regiones y respaldamos esas y otras iniciativas”, concluyó.
El Ministerio de Hacienda no respalda el proyecto
Esta semana el ministro, Ricardo Bonilla, insistió en que «no tiene ningún sentido concentrarse solamente en aumentar recursos sin revisar competencias. Es importante que le pongamos todo el cuidado a esa discusión, desde Hacienda lo hemos advertido», le dijo a los periodistas a la salida de la presentación de la ley de financiamiento en la Comisión IV del Senado.
En mayo de este año, el Ministerio de Hacienda remitió a la Cámara de Representantes un concepto en el que advierte que la iniciativa podría generar un desbalance fiscal “a favor de las entidades territoriales en detrimento de la Nación” y tendría un costo superior a $327,6 billones (precios corrientes).
Fuente: Ministerio de Hacienda.
El comentario de la cartera cuestiona que el proyecto “se limita a asignar un mayor número de recursos a las entidades territoriales” sin considerar otras variables que impactan en el cálculo de la distribución, como la capacidad institucional de las entidades territoriales o las competencias de la nación, los departamentos y los municipios.
De hecho, asegura que al imponer determinados porcentajes se suprimen los criterios de distribución de los recursos que “atienden al principio de equidad, mediante la identificación de las necesidades de la población” en los territorios.
Al final, un desbalance fiscal abre la puerta para que se pongan en riesgo la “provisión, calidad y continuidad de los servicios, la inversión social en el país, y el uso eficiente y equitativo de los recursos”, de acuerdo con el MinHacienda.
El proyecto de acto legislativo, que propone la modificación de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia, fue radicado en febrero de este año y continúa su trámite en el Congreso tras un primer periodo de cuatro debates (aún es necesario un segundo periodo de cuatro debates más y eventualmente una conciliación).
¿Qué opción queda?
De acuerdo con Amarocho, un estudio con ocasión de la reforma tributaria del gobierno del presidente Iván Duque sugiere que los territorios fortalezcan sus fiscos y busquen ingresos propios. “La Nación también debe pensar en alternativas distintas para conseguir recursos desde otras ópticas que no solo sean acudir al bolsillo del contribuyente”.
En opinión de Pardo, dado que más del 90% de los gastos son inflexibles, para trasladar mayores recursos a las regiones sería necesario explorar otras opciones a largo plazo, como revisar qué pueden asumir los territorios para liberar presupuesto nacional. “Una reforma tributaria no lo resuelve, en 20 años de una decena de iniciativas no se han aumentado más de 3 puntos porcentuales del PIB y con la reforma el SGP podría pesar entre 8 y 9 puntos”, concluyó.
Por lo pronto, la senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión IV, citó a un debate de control político sobre la articulación entre la Misión de Descentralización y el acto legislativo que modifica el Sistema General de Participaciones (SGP) el próximo martes 22 de octubre.
