El senador Miguel Uribe ha anunciado una potencial demanda ante la Corte Constitucional en contra de la reforma a la salud, en caso de que el Senado no rechace la propuesta.
Este movimiento se fundamenta en presuntos vicios de trámite e inconstitucionalidades presentes en el texto.
La controversia gira en torno a si el debate y la presentación del proyecto debieron realizarse como ley estatutaria u ordinaria cuando fue radicado.
Uribe enfatiza que hará todo lo posible para oponerse a esta reforma, insistiendo en su ilegalidad y argumentando que no se ajusta al procedimiento legislativo correspondiente.
El senador expresó su desacuerdo: «Esta reforma, además de ser inconveniente, es absolutamente ilegal«.
Señaló que la omisión de tramitarla como ley estatutaria, junto con la falta de claridad en cuanto a su impacto fiscal, plantea serias dudas sobre sus objetivos y su efecto real en el sistema de salud.
Además, llamó a la participación de estudiantes y profesionales del sector para contribuir con argumentos en la elaboración de la potencial demanda.
El congresista afirma que la reforma dejaría en manos políticas la gestión actual de las EPS, eliminando estas entidades sin definir quién asumirá sus funciones, lo que, en su concepto, generaría un sistema operado por intereses políticos con lucro incierto y un alto costo fiscal.
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Reforma a la salud: aumenta el debate legal
El proceso de una ley estatutaria implica requisitos más rigurosos, como tener mayorías absolutas en el Congreso y una revisión previa de la Corte Constitucional.
La disputa sobre si esta reforma debe regularse bajo ley estatutaria o ley ordinaria genera incertidumbre sobre su legalidad y posible impugnación.
El presidente Gustavo Petro ya se había referido al tema afirmando que la Ley 100 es una ley ordinaria y que la propuesta presentada es un cambio a esta y no una modificación de la Ley Estatutaria de la Salud ya existente.
Sin embargo, persisten las interrogantes debido a que la Constitución Política establece que los derechos fundamentales, como el derecho a la salud, deben regularse mediante leyes estatutarias, lo que genera discrepancias sobre el procedimiento adecuado para esta reforma.
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El pueblo indígena Yukpa ha presentado una demanda alegando que el proceso legislativo ha ignorado la consulta previa.
Aunque el Consejo de Estado rechazó la solicitud de suspensión del trámite, admitió que se revisara mientras el proyecto sigue en el Congreso.
Además, representantes políticos como Juan Carlos Losada del Partido Liberal, advierten que si se obvia esta apelación, el proceso legislativo quedaría viciado, y anuncian la intención de impugnar legalmente la reforma. Alejandro Carlos Chacón, del mismo movimiento, indica que la demanda se presentará una vez la ley sea ejecutoriada, específicamente si contiene aspectos sobre derechos constitucionales.
Por otro lado, Andrés Forero del Centro Democrático señala posibles irregularidades en la discusión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, mencionando confusiones durante los debates, presentación de documentos variados y desorden en la discusión.
Advierte, además, sobre la falta de claridad en lo votado y reclama que la situación fue inusual.
El futuro de la reforma a la salud en Colombia aún es incierto, pues, aunque que ya pasó en Cámara, tiene pendientes dos debates más en el Senado.
