En los próximos días, el gobierno Petro va a presentar al Congreso de la República el proyecto de ley de reforma a la salud en Colombia, que busca fortalecer al sector público como responsable de la atención de los usuarios del sistema.
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Según la idea del ejecutivo es que todos estos cambios se puedan tramitar incluso antes de que se termine año, para poder pensar en un nuevo sistema en el 2025.
La nueva reforma a la salud en Colombia se vuelve a presentar en medio de los procesos de retiro del sistema que solicitaron las EPS más grandes del país y que, de momento, deja en vilo cómo se va a dar el proceso de atención.
A ojos del presidente Petro, existen los mecanismos para que el manejo de los recursos se centralice en el sector público y se gire los dineros respectivos a las IPS, hospitales y clínicas del país que les presten distintos tipos de servicios a los usuarios.
Uno de los puntos clave de la iniciativa en ese sentido es que el papel de las EPS se transforma por completo y pasan a ser entidades promotoras del cuidado de la salud a manera de centros de atención preventiva.
Riesgos de la reforma a la salud en Colombia
Lo anterior, en caso de que se apruebe la reforma a la salud en Colombia, sobre la base de que estas no podrán manejar los recursos que demanda el sistema.
Justamente por ese importante cambio es que las EPS en el país han manifestado que se hace inviable su continuidad en el sistema.
Además, el sistema buscará motivar una mejora en el pago de los profesionales de la salud y ayudará a financiar las carreras de los médicos que busquen especializarse para quedarse en el país.
Gremios de las EPS en Colombia y de centros de atención en salud han apuntado y aconsejado al gobierno Petro que revise las modificaciones que quiere adelantar entendiendo que no existe la infraestructura para, por ejemplo, que los usuarios tengan su centro de atención de acuerdo con el domicilio.
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Y, finalmente, tampoco hay los recursos para garantizar la prestación de todos los servicios que se centralizarían en manos del sector público, a pesar de que el Gobierno dice que no se busca estatizar la salud.
