El trámite de la reforma a la salud quedó suspendido el 13 de febrero en la Cámara de Representantes debido a dos recusaciones presentadas contra las bancadas del Partido Liberal y la Alianza Verde.
Estas acciones legales han generado preocupación en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que calificó la situación como una maniobra dilatoria para frenar el avance del proyecto, una de las prioridades de su agenda legislativa.
Las recusaciones buscan que los representantes de ambas colectividades se declaren impedidos para participar en el debate, argumentando posibles conflictos de interés.
En el caso del Partido Liberal, la recusación señala que algunos congresistas habrían recibido financiación en sus campañas de empresas relacionadas con el sector salud, lo que, según sus promotores, podría comprometer su imparcialidad en la discusión del proyecto.
Ante esto, la mayoría de la bancada liberal se retiró de la sesión, lo que llevó a la disolución del quórum.
Por otro lado, la recusación contra la Alianza Verde está relacionada con el reciente nombramiento de Antonio Sanguino como ministro del Trabajo.
Los opositores al trámite sostienen que los representantes de esta colectividad no deberían deliberar ni votar la reforma, ya que Sanguino, quien fue parte del Ejecutivo y del directorio nacional del partido, ahora forma parte del gabinete del presidente Petro.
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El futuro de las recusaciones
El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, explicó que la recusación contra los liberales introdujo un nuevo elemento relacionado con la financiación de campañas, lo que obliga a que el caso sea remitido a la Comisión de Ética para su análisis.
“Hay un elemento nuevo relacionado con la financiación de la campaña que nos obliga, para cuidar el debido proceso, a remitirlo por oficio a la Comisión de Ética”, afirmó Salamanca.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior encargado, criticó el uso reiterado de recusaciones en el Congreso, asegurando que se han convertido en un mecanismo para frenar el debate legislativo. “Preocupan siempre las recusaciones porque se están convirtiendo no en un mecanismo de control político válido, sino en una estrategia para entorpecer la labor legislativa. Me parece que esto le hace mucho daño a la democracia, cuando en lugar de discutir los asuntos de salud de los colombianos, estamos debatiendo recusaciones infundadas y reiterativas”, señaló.
El futuro de la reforma a la salud dependerá ahora del pronunciamiento de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, que deberá evaluar la validez de las recusaciones antes de que pueda reanudarse el debate en el Congreso.
