La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, en el 11° Foro Energético de Andeg, hizo una serie de recomendaciones al Gobierno Nacional y el sector energético para optimizar al país en materia de seguridad energética de Colombia .
“Quiero destacar algunas recomendaciones que se han incorporado a un documento elaborado por la Procuraduría como informe preventivo denominado “Colombia y la Transición Energética: Reflexiones y recomendaciones sobre una transición hecha a la medida de nuestro país”, en el que efectuamos un análisis de las particularidades ambientales, sociales y económicas de Colombia que determinan el proceso de transición energética”, detalló la funcionaria.
Estas recomendaciones, en línea con Cabello, están orientadas a cumplir con los retos que nos impone la crisis climática actual desde la perspectiva energética, sin perder de vista el progreso social y económico que demanda un país en vía de desarrollo como Colombia:
1. Resulta necesario revisar la decisión de no suscribir nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, considerando la precaria situación de las reservas de gas especialmente, “que pone en riesgo la seguridad energética para los colombianos, así como la reactivación económica, y como estrategia de la misma, la reindustrialización de la economía”, precisó Cabello.
2. Se necesita preservar y reconocer a la generación térmica como un activo necesario en el proceso de transición: desconocerlo puede poner en riesgo el derecho de los colombianos de acceso a la energía, especialmente en eventos climáticos extremos como el Fenómeno de El Niño.
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“En el que la energía necesaria para satisfacer necesidades básicas de los sectores más vulnerables de la sociedad puede profundizar las brechas energéticas y por ende la superación de la pobreza energética: sin seguridad y soberanía energética no hay transiciones justas”, señaló la procuradora.
3. Poner en el primer orden de prioridades de la agenda regulatoria, la incorporación de estímulos para la entrada en operación pronta y oportuna de nuevas líneas de transmisión y distribución, y la respectiva habilitación de nuevos puntos de conexión.
“De nada sirve incrementar la participación de las energías renovables en nuestra matriz energética, si la red de transmisión y distribución se ve rebasada”, indicó la jefe del Ministerio Público.
Agregó que “optimizar, rehabilitar y mantener elementos existentes de dicha red es imprescindible, ya que como lo ha advertido XM, la infraestructura de transmisión ha estado operando cerca de los límites de seguridad de la red”.
4. Deben articularse los esfuerzos de los sectores de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible: las señales positivas regulatorias para los inversionistas y usuarios pasan también por la adaptación de la legislación ambiental vigente frente al sector energético.
“El reciente decreto que recoge la competencia para ciertos proyectos concentrándolos en la ANLA no resuelve los cuellos de botella, cuya solución pasa más bien por el fortalecimiento de capacidades de las autoridades ambientales regionales”, señaló.
5. Se hace necesario revisar experiencias que estimularon el sector de infraestructura vial, como el diseño de un instrumento de seguimiento ambiental diferencial y específico para el sector, que en ese caso fue el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA).
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“Un instrumento semejante en el sector energético que sustituya a la licencia ambiental en determinados casos sería una señal de tranquilidad regulatoria para todos”, manifestó la funcionaria.
6. Otro frente que debe atenderse desde la regulación de requisitos ambientales es el de las sustracciones de reservas forestales: “es necesario revisar las resoluciones del Ministerio de Ambiente que identifican actividades que por su beneficio social y bajo impacto ambiental no requieren de sustracción, a fin de excluir de ese requisito a la infraestructura de transmisión y distribución de energía en el país”.
7. Procuraduría considera clave implementar una ventanilla única de trámites del sector energético que concentre todas las solicitudes de autorizaciones de cualquier índole requeridas para la construcción y puesta en operación de los proyectos de generación, distribución y transmisión.
“Funciona en el caso del sector del comercio exterior y puede ser una forma de hacer más eficiente la puesta en marcha de los proyectos en el país”, recalcó Margarita Cabello.
8. Desde la perspectiva tarifaria, abordar la problemática de la Costa Caribe con un enfoque regional diferencial por las condiciones climáticas diversas de esta región.
“Elementos como la definición del consumo de subsistencia deben atender a estas características diferenciales, lo mismo que los indexadores tarifarios”, destacó la líder del órgano de control.
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9. Celebrar los anuncios de creación de una Empresa Pública Regional de Energías Renovables entre el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y municipales, así como el proceso de renegociación de las condiciones de los contratos entre los generadores y comercializadores.
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Sin embargo, la procuradora aseguró que estas son decisiones que deben agenciarse con sumo cuidado: “debe garantizarse que no se generen condiciones restrictivas de la competencia, que en últimas propicien abusos de posición dominante que se traduzcan en condiciones tarifarias que perjudiquen al usuario”.
10. En otro frente, la Procuraduría señaló que la eficiencia energética no es una opción, sino una estrategia sin la cual no hay transición real.
“La eficiencia no solo implica mejoramiento tecnológico, sino, además, innovación en el desarrollo y planeamiento urbano; es necesario concebir espacios públicos y privados en los que existan criterios bioclimáticos en su diseño, pero también resulta necesario avanzar en el estímulo y masificación de una movilidad sostenible: es impostergable electrificar la economía del país”.
11. De otra parte, se cree -desde la Procuraduría- que una institucionalidad energética robusta es la principal señal de tranquilidad para los mercados, para la inversión, como para los ciudadanos.
“Es necesario garantizar la autonomía e independencia técnica de la CREG con unos expertos comisionados designados en propiedad, no puede permitirse el vaciamiento de sus competencias”, aseguró Cabello.
12. Se hace necesario fortalecer a la UPME, o bien pensar en una agencia que, a la manera de autoridad, distinta a la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional de Minería, gestione los trámites administrativos sectoriales y gerencia la ventanilla única de tramites sectoriales que proponemos.
13. Es importante contar con un Observatorio de Conflictos de la Transición Energética, en el que se identifiquen y caractericen conflictividades sociales y entre los distintos actores de la cadena, se establezca un banco de buenas prácticas en la prevención y resolución de tales conflictividades.
Y también se desarrolle un Centro de Prevención y Resolución permanente de conflictos, en el que puedan agenciarse de forma oportuna, mecanismos alternativos de prevención y resolución de disputas y diferencias, como los que se buscan resolver entre generadores y comercializadoras en torno a la renegociación de contratos, brindando así confianza entre todos los actores sectoriales y sociales.
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