Con el decreto que reglamenta la reapertura de mataderos municipales, el Gobierno de Colombia tiene el propósito de abaratar el precio de la carne. Sin embargo, en la voz de expertos, este decreto, lejos de conseguir este propósito, lo que hace es flexibilizar las condiciones de salubridad. Y esto, a la larga, podría significar un riesgo para la salud pública.
El Decreto 2016 crea la figura de las Plantas de beneficio animal categoría de autoconsumo. La define como “aquella autorizada por el Invima para abastecer de carne y productos cárnicos comestibles al respectivo municipio en el cual se encuentra ubicada”.
La propuesta surgió, puntualmente, porque, a juicio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, con la tecnificación de la figura del matadero municipal, se lograría “bajar el precio de la carne”.
En noviembre de 2022, Petro aseguró que “Colombia no puede quedar en un monopolio de frigoríficos de carne de res. Se ha llegado a ese punto porque el Invima acabó con la figura del matadero municipal, hay que dar vuelta atrás”.
El decreto flexibiliza la implementación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) tanto para las plantas de beneficio de categoría nacional como a las plantas de autoconsumo (es decir, los mataderos municipales).
En cuanto al transporte, en el parágrafo 1 del artículo 6 se define que “en un mismo vehículo se podrán transportar alimentos con diferente riesgo en salud pública, siempre y cuando se encuentren debidamente separados, envasados, protegidos y se evite la contaminación cruzada”.
Para entender las implicaciones del decreto, Valora Analitik consultó a expertos del sector, quienes explicaron el impacto que tendría el decreto tal y como se formuló.
Cuestionamientos al impacto en el precio
José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán -uno de los gremios ganaderos más importantes de Colombia- dice que, antes que pensar en la reducción de cotos de la carne, se debe priorizar la salud pública.
“El gobierno cree interpretar las necesidades de ciertos sectores populares creyendo que flexibilizando las medidas para los mataderos municipales tendrán carne a buenos precios, pero eso no tiene mayor importancia. Lo que se trata es de que la gente coma carne con garantías en materia de sanidad e inocuidad”, dice el líder gremial.
En ese sentido, Lafaurie recuerda que ya el Decreto 1500 de 2007 reglamentó a los mataderos regionales, para que sacrifiquen a los animales con garantías para los consumidores.
Por otra parte, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, recoge la tesis del presidente Gustavo Petro de que los mataderos municipales reducirán el costo de la carne, puesto que abaratarán el transporte.
Sin embargo, según Álvaro Urrea, presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia (Asofricol), “los costos del transporte no representan más del 1,5 % del precio animal. Serán $300 o $400, que no se trasladarán al consumidor, sino al expendedor”.
“Mataderos municipales ponen en riesgo la salud pública”
Para Urrea, “no es potestad de ministros ni del presidente. Es un tema de los alcaldes que quieran abrir su planta si están en el Plan de Racionalización de Plantas de Beneficios de Animales”.
Dicho plan de racionalización proyecta que en Colombia haya 148 plantas de categoría nacional, de las que hoy hay 94 en funcionamiento. En cuanto a las de autoconsumo (los mataderos municipales) proyecta 234, pero hoy solo hay 89.
A juicio de Lafaurie, así, lo clave es que estos mataderos municipales cumplan con las normas sanitarias y con la presencia de expertos que garanticen que “la carne puede ser consumida sin ningún problema”.
La preocupación, sin embargo, para Urrea es justamente esa: el decreto sí flexibiliza los criterios de seguridad. Por ejemplo, dice que ya no es obligatoria la implementación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). Además, y como ya se dijo, cambia los criterios de transporte para alimentos con diferentes riesgos de salud pública.
“Esa flexibilización pone en riesgo a la salud pública. Algunas plantas podrían reclasificarse como de autoconsumo, con una normativa mucho más laxa, teniendo condiciones para ofrecer un servicio sin cuidar la salud pública”, dice Urrea.
Similar es la opinión del exministro de Agricultura Andrés Valencia, para quien esta medida supone “un retroceso en materia de salud pública. Podría poner en dificultades los mercados internacionales para la carne colombiana”.
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“Vemos innecesario el decreto”
Para Urrea “sí se necesitan algunas plantas de autoconsumos en regiones aisladas, con plantas nacionales a 100 kilómetros de distancia, sin servicios ni vías. Allí es donde se necesitan las plantas de autoconsumo (es decir, los mataderos municipales), pero el decreto abre mucho la puerta”.
Por el contrario, el Ministerio de Agricultura insiste en que sí es necesario, dado que, a juicio del Gobierno Nacional, se contribuye a la creación de valor de la cadena cárnica en las regiones.
“Esta reglamentación mejorará el abastecimiento de proteínas de origen animal en las poblaciones. Permitirá el aprovechamiento óptimo de los animales”, afirma la ministra Jhenifer Mojica.
Así, el decreto no solo da vía libre a los mataderos municipales. Pero también crea un nuevo punto de desencuentro entre el Gobierno y sectores privados. Una discusión, además, que coincide con el reciente anuncio de que Colombia ya puede exportar carne bovina a China. Y en medio de la polémica, actores como Urrea se preguntan si el decreto no impactará en la imagen internacional de la carne colombiana.
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