La contaminación auditiva es una de las mayores problemáticas que afectan a Bogotá. De hecho, según reportes de la Policía Nacional, las denuncias por este tipo de hechos crecieron 17 % en el último año.
De acuerdo con informes recientes de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos (RCCV), Bogotá es la zona más ruidosa del país, seguida de Medellín, Cali y Cartagena.
Las cifras hablan por sí solas: actualmente el 61 % de los bogotanos están insatisfechos con el nivel de ruido, mientras que en el Valle de Aburrá el 48 % de los medellinenses consideran que el ruido es un problema ambiental prioritario y en Cartagena las quejas por esta problemática aumentaron un 80 % en lo corrido de 2024.
Precisamente, para responder y atender esta problemática, el Congreso aprobó la Ley Contra el Ruido. Con el fin de conocer en detalle esta iniciativa que mejorará la calidad de vida de todos los colombianos, la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, realizó un informe que revela el Abecé de este proyecto de ley y explica cuál será su alcance e impacto en las personas del común.
De acuerdo con Daniel Jara y Jorge Useche, director y profesor del programa de Ingeniería de Sonido de la U. de San Buenaventura, respectivamente, “el objetivo de esta iniciativa es poner en cintura a los más ruidosos: vecinos, comercios, bares, discotecas y hasta a los dueños de las mascotas, con nuevas herramientas que permitan formular una Política de Calidad Acústica en el país que garantice el bienestar de los ciudadanos y de los ecosistemas (flora y fauna), a través de un ambiente libre de los impactos nocivos que genera el ruido”.
Ley contra el ruido y su impacto
De acuerdo con ambos docentes, entre los principales cambios que propone la Ley contra el Ruido, se destacan:
- Regular el ruido ambiental: en especial, aquellos que están asociados a hábitos y conductas, como las fiestas en casa, las actividades de jardinería, los conciertos al aire libre, las ferias y los vendedores informales, los sonidos de los animales domésticos y los causados por la pólvora, entre otros.
- Controlar y medir mejor el ruido intradomicialiario: es decir, el que se registra al interior de una vivienda, pero cuya fuente se encuentra fuera de la misma, afectando la tranquilidad de la comunidad. Por ejemplo, los ruidos fuertes producidos por vehículos o motos, las fiestas de vecinos o los eventos musicales cerca de las viviendas.
- Darle más ‘dientes’ a las autoridades para castigar la inmisión de ruido y las vibraciones: esta nueva normativa generaría nuevas sanciones. Por ejemplo, quienes organicen conciertos y festivales, entre otros, y no controlen el nivel del ruido, podrían recibir multas entre 100 y hasta 800 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). Asimismo, propone incrementar las infracciones a personas y negocios ruidosos, con multas desde 5 hasta 25 SMMLV, costo que se determinaría de acuerdo con el estrato socioeconómico de la zona donde se cometió la infracción.
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No obstante, Jara y Useche advierten que la iniciativa aún presenta algunos vacíos. “Entre ellos, no se define técnicamente el concepto de ‘calidad acústica de manera integral’, ya que este concepto incluye aspectos subjetivos cuya medición o diferenciación no es clara”.
También, preocupa que la propuesta solo contempla 18 meses para su elaboración y luego 6 meses adicionales para que pueda ser aplicada por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). “Este es un tiempo muy reducido para la magnitud de lo que se desea abarcar”, concluyen.
Finalmente, no se menciona nada de cómo se medirá el impacto del ruido en fauna y flora, por ejemplo, cómo se evaluará el cambio en el comportamiento de animales como polinizadores, ganado vacuno, aves migratorias o especies nocturnas, por la presencia de ruidos externos ajenos a su territorio.