La reforma tributaria planteada por el gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia incluye un apartado dentro del capítulo de Impuesto de Renta a Personas Jurídicas que se refiere a la modificación de la tarifa especial del tributo que tienen las denominadas zonas francas en el país.
Lo que se plantea es que estas áreas geográficas delimitadas dentro de la Nación, donde se desarrollan actividades industriales de bienes y servicios comerciales, pasen, en 2023, de tener una tarifa especial de 20 % en el pago de impuesto de renta a 35 % (como el resto de empresas) si no cuentan con vocación exportadora.
Cabe mencionar, sin embargo, que ante las sugerencias del sector empresarial se viene revisando la medida en detalle por tipo de empresa, y analizando otras variables para ver si se realizan ajustes.
Valora Analitik consultó a Tomás Barreto, experto tributarista y socio de la firma Saberex, quien realizó una radiografía de la situación actual de estas zonas y analizó lo que se plantea dentro de la reforma.
Antes de 2005, introdujo Barreto, las zonas francas tenían una exención en el impuesto sobre la renta asociado a sus ingresos por exportaciones, es decir, eran una plataforma exportación y por eso tenían un beneficio.
“Pero dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) hay un acuerdo en el que los países del mundo se comprometieron a eliminar las subvenciones a las exportaciones con el fin de que todos los productos, independiente del origen, llegarán a esos mercados internacionales en igualdad de condiciones”, anotó.
Por eso, con la Ley 1004 de 2005 se cambió se cambió su función y básicamente las definió como unas zonas geográficas extraterritoriales con el fin de atraer inversión extranjera y nacional hacia Colombia, fondos de desarrollo en las regiones donde se establecieran, creación de nuevos empleos y procesos de reconversión industrial.
La principal justificación que se da dentro del proyecto de reforma tributaria del actual gobierno es que estas zonas tienen una vocación exportadora intrínseca y que el 75 % de las compañías en estas áreas no cuentan con una vocación de este tipo.
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No obstante, según el experto, desde la ley 1004 ya no es un requisito para la nación que estas zonas tengan un componente exportador como base esencial de su operación.
“Como a las zonas francas han sido unas plataformas de exportación importantes toda la vida y, adicionalmente, de atracción de inversión extranjera, el gobierno, y en su momento y el Congreso de la República, no quisieron eliminar el régimen de zonas francas”, resaltó.
Entonces, dijo, “se les dio el beneficio de una tarifa de renta diferencial, que en su momento era el 15% y en el 2016, con la reforma tributaria de ese año, subió a 20 % con nuevos objetivos específicos”.
Las cifras de las zonas francas
Hoy Colombia cuenta con 122 zonas francas, en donde se encuentran alrededor de 1.009 empresas bajo este régimen en 21 departamentos. En ellas se generan más de 147.000 empleos directos, sin contar los generados a través de empresas de servicios temporales y trabajos indirectos.
Desde 2005, con la nueva normativa en la ley 1004, las zonas francas han generado más de $45 billones en inversiones en el país; y de esas 13 % corresponde a inversión extranjera directa. “Y contrario a lo que se piensa, el 90 % de las empresas ubicadas en zonas francas son pymes y no multinacionales”.
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“En 2021 las zonas francas cerraron con US$2.700 millones en exportaciones, equivalentes, aproximadamente, al 10 % de las exportaciones no tradicionales del país que, si bien suena poco, es mucho cuando legalmente no tengan ese compromiso. Son una plataforma importante”, argumentó Barreto.
El control en zonas francas
Otro de los argumentos del Gobierno Nacional, planteado dentro de la reforma tributaria para eliminar la tarifa diferencial de renta en las zonas francas, es la competencia ‘desleal’ que se genera con otras empresas por fuera de este régimen que sí pagarían la tarifa plena (35 % en 2023).
Al respecto, Barreto menciona, en primera instancia, que la competencia desleal no existe en la medida en que el inversionista es quien decide dónde hacer sus inversiones basándose en el lugar que financieramente considere que va a tener un retorno importante.
Sumado a eso, “si decide hacerlo en zonas francas hay unos requisitos rigurosos con los que debe cumplir, y que deben ser reportados al Ministerio de Comercio: “hacer inversiones importantes, justificar la creación de nuevos empleos directos, reconversión industrial, y que va a tener economías de escala que permitan desarrollar esa industria y ser un pueblo desarrollo en la región donde se instale”.
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Para Barreto, adicionalmente hay que contar con que las zonas francas son las más vigiladas del país. “La DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) tiene la información de todas las operaciones que hacen los usuarios de zonas francas en tiempo real, qué importan, qué exportan, qué venden el territorio nacional, cuántos impuestos han pagado, cómo es el manejo de los inventarios. Estar ahí no es gratis”, manifestó.
Finalmente, el experto aseguró que varios empresarios del país trabajaron en una propuesta para el Gobierno Nacional en la que se plantean soluciones alternas y graduales ante el tema de exportación.
“Lo que se quiere es que haya con el compromiso de internacionalización, pero un compromiso no a tan corto plazo porque es difícil internacionalizar a cualquier empresa en un año, generalmente esto necesita tiempos de alrededor de cinco años”, dijo. En consecuencia, el empresariado buscaría mediar en soluciones de este punto.
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