La ministra de Agricultura de Colombia, Cecilia López, radicó ante el Senado de la República el proyecto de acto legislativo que busca garantizar el reconocimiento del campesino como sujeto de especial protección constitucional y su acceso a una vida digna en el campo.
Con la iniciativa se pretende imponerle al Estado el deber de garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de la población campesina. Lea más Noticias Macroeconómicas.
Es decir, puntos fundamentales como el acceso progresivo a la tierra de los trabajadores agrarios, la educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, entre otros, con el fin de mejorar su calidad de vida.
“La población campesina enfrenta graves falencias en la garantía de sus derechos fundamentales, pues enfrenta una brecha en el acceso y calidad de servicios básicos y ha padecido de especial manera los impactos del conflicto armado” dijo la ministra López Montaño.
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El Ministerio aseguró que con la aprobación de este proyecto el Estado reconocerá la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, aprobada por la Asamblea General en 2018.
Hoy los porcentajes de pobreza multidimensional de esta población alcanza 29,43 %, según el índice de Pobreza Multidimensional – Global (IPM Global); y los niveles de concentración también son muy altos, pues 501 predios (0,01%) concentran más del 44,52 % del área agropecuaria disponible; mientras el 48,5 % de los predios rurales tienen sólo el 0,5 % de la tierra.
“La educación es la que muestra mayor rezago en el campesinado, pues en la mayoría de los departamentos esta población reporta haber alcanzado máximo ocho años de estudio, mientras que a nivel nacional esta cifra se mantiene mayoritariamente en 10 años”, dijo la entidad.
Para López, las mujeres serían de las más beneficiadas con una futura aprobación de este proyecto pues “son ellas quienes además de la violencia estructural y económica deben superar situaciones de violencia de género y violencia sexual, así como mayores responsabilidades en la economía del cuidado no remunerado y peores condiciones económicas y educativas”.
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