La Fundación para el Estado de Derecho (FED Colombia) se sumó a las instituciones que alertan al país sobre el inminente riesgo de pérdida de la seguridad y soberanía energética en materia de hidrocarburos.
Cabe recordar que de acuerdo con el informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), de 2023, las reservas de petróleo cayeron a 7,5 años y las de gas a 7,2 años y desde entonces -según la colectividad- no ha habido estrategias de exploración para ampliar la capacidad de las mismas.
A esto se suman las voces de los gremios que le han hecho un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro para tomar acción en materia de exploración, ejemplo de ello: las reservas de gas probadas en Colombia han presentado una reducción de 50 % en los últimos 15 años, según reveló la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).
Además de la advertencia de Naturgas sobre que la crisis climática ha aumentado el consumo del suministro de gas.
Los artículos 332, 334 y 360 de la Constitución Política señalan que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables.
“El Estado tiene un mandato de administración y explotación de estos recursos para mejorar la calidad de vida de todas las personas, conseguir la distribución equitativa de las oportunidades y del desarrollo, al tiempo que protege el medio ambiente”, recordó la Fundación.
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Con una acción popular, radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, FEDe.Colombia pretende la protección de los derechos e intereses colectivos al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, al acceso a los servicios públicos de energía y gas, a la moralidad administrativa, la protección del patrimonio público y de los derechos de los consumidores y usuarios.
En el marco de esta herramienta constitucional se solicita al juez investigar el impacto de las siguientes acciones u omisiones de las autoridades:
- La decisión del Gobierno Nacional de no suscribir nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos
- Las contradicciones en la información sobre las reservas de hidrocarburos con que cuenta el país y la necesidad de reponer las que se están consumiendo
- Los pocos o nulos resultados del plan de reactivación de contratos suspendidos y de la estrategia de recobro mejorado para suplir la necesidad de asignación de nuevas áreas
- La decisión de importar un gran porcentaje del gas natural que requiere el país a través de la empresa venezolana PDVSA, a partir de 2025, pese a su permanencia en la lista restrictiva de la Oficina de Control de Activos Extranjeros -OFAC- del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
- La falta de planeación, estudios técnicos e impacto financiero de las medidas implementadas, para sustituir el actual aporte de la industria extractiva frente a los energéticos, los cuantiosos ingresos fiscales y de regalías que percibe el país
Como es de público conocimiento, Colombia cuenta con gran potencial de reservas para satisfacer sus necesidades energéticas (en gas se estiman en más de 70 tera pies cúbicos), por lo que piden -desde la Fundación- reanudar las campañas exploratorias y fortalecer la infraestructura nacional para el transporte.
“Es posible diversificar la matriz energética e implementar las medidas de transición, sin que ello suponga poner en riesgo la seguridad de abastecimiento y la confiabilidad de los servicios para los hogares colombianos”, indicó la entidad.
Así las cosas, la fundación invitó a la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (Acipet), a la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), a la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), a la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), a la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (Acggp) y todos aquellos interesados en participar en el debate.
“FEDe.Colombia hace posible que, por primera vez, de manera formal se realice una acción de este tipo frente a un tema que ha sido de conocimiento público y debate, que permite reivindicar que las decisiones gubernamentales respeten los principios que rigen el Estado de derecho, en el presente caso, separación de poderes, principio de legalidad, buen gobierno y transparencia, estabilidad macroeconómica y políticas de largo plazo”, concluyó la colectividad.
