El 13 de diciembre del año pasado se venció el plazo para implementar los cambios en el cobro del impuesto del 4 x 1.000 en Colombia que se determinaron la reforma tributaria de 2022. Sin embargo, a la fecha se sigue aplicando el descuento bajo sistema tradicional y se sabe poco de los avances.
La Ley 2277 de 2022 modificó el impuesto de Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) de forma que se cobren $4 por cada $1.000 (o el 0,4 %) en operaciones, como transferencias, retiros, pagos o depósitos, que se hagan en las cuentas (ahorros o corriente) solo cuando estos superen los 350 UVT mensuales, equivalentes a $17.429.650.
Recomendado: ¿Cómo quedaría el 4×1.000 en Colombia para plataformas como Nequi?
Algunas entidades financieras han insistido en que están preparadas para implementar la nueva forma de cobro y atribuyen el retraso al hecho de que no todos los actores han hecho los ajustes necesarios, lo que les ha impedido coordinarse mutuamente.
“Al ser un proceso que involucra a todas las entidades financieras del país para la puesta en marcha definitiva del nuevo modelo, esto depende de que todas las instituciones estén preparadas para operar bajos los mismos parámetros”, dijo el Banco Finandina en su blog la semana pasada.
Una de las dificultades tiene que ver con que no solo los bancos ofrecen cuentas, también se pueden crear productos de ahorro en cooperativas financieras, cajas de compensación e incluso fondos de empleados y además existen figuras equivalentes, como las billeteras digitales y las tarjetas prepago.
Todos estos actores deben adoptar un sistema universal “que permita la verificación, control y retención del Gravamen a los Movimientos Financieros, de forma que se permita aplicar la exención de 350 UVT sin la necesidad de marcar una única cuenta”, indica la ley.
Este sistema debe enlazar cientos de bases de datos en tiempo real, pero no todas las entidades cuentan con la infraestructura tecnológica para sumarse, especialmente las de menor tamaño y poca disponibilidad de recursos, como aquellas que operan en zonas rurales.
La norma también especifica que una vez las entidades desarrollen el sistema centralizado, el cambio en las condiciones del cobro entrará en aplicación y les dio para ello un plazo de dos años que ya se venció.
Las superintendencias Financiera y de Economía solidaria trabajan en conjunto para encontrar un sistema que se pueda interconectar y determinar a quién se descontará el impuesto y a partir de qué momento. Lo propio hacen los proveedores tecnológicos TransUnion y Passport.
El 4 x 1.000 es uno de esos impuestos que se vendieron como temporales, pero se volvieron definitivos. Nació en 1998 como una respuesta a la crisis bancaria y en su momento se descontaban $2 por cada $1.000 en una transacción.
No es la primera vez que se discute su eliminación o ajuste, pero la propuesta no prospera porque el impuesto del 4 x 1000 es un mecanismo que permite captar de una manera fácil y transparente los recursos de la sociedad, según Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia.
Por ahora, se mantienen las condiciones tradicionales del estatuto tributario, según las cuales cada persona tiene derecho a marcar una cuenta como exenta en la cual no se le cobra el impuesto. En cuentas no marcadas el gravamen se cobra sin importar si los montos son altos o no.
