El Gobierno parece haber ideado una solución para mejorar el recaudo tributario de este año y, con ello, corregir el déficit fiscal que acumula: cobrar más impuestos por adelantado.
El Estatuto Tributario le permite al Gobierno cobrarle a algunas personas y empresas un anticipo del impuesto de renta del siguiente año en el momento en que estas hacen su declaración ante la DIAN. Sin embargo, la primera vez que se implementó generó un impacto fiscal que, para algunos analistas, fue lo que trajo al país al desbalance actual en las cuentas públicas.
En 2023, el recaudo tributario registró una cifra histórica de $279,3 billones, tras crecer un 22 %, en gran parte por cuenta del anticipo mencionado, pero ese mismo hecho provocó que en 2024 la cifra se redujera más del 4 % y apenas llegara a $267,2 billones.
Las consecuencias son parte del desafío fiscal actual del país: una diferencia del 6,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) entre ingresos y gastos del Gobierno y un nivel de endeudamiento que solo se había visto en pandemia (60 % del PIB).
El desafío del Gobierno es reducir ambos indicadores, pero para ello es clave que sucedan dos cosas y ninguna de ellas se puede dar por sentada: que la economía crezca alrededor del 3 % en medio de una guerra comercial que está replanteando las proyecciones de los analistas, y que el recaudo de impuestos se comporte en línea con las proyecciones del Gobierno, aunque el mercado advierta que están sobreestimadas.
Aunque para el segundo propósito hay decenas de fórmulas que pasan por tramitar una reforma tributaria, reducir la evasión o hacer amnistías para deudores, el Gobierno parece haber tomado la opción más cuestionada por los efectos que tuvo en el pasado y que se anticipa tendría en 2026, justo en medio del cambio de administración tras las elecciones presidenciales.
Con un agravante: además de aumentar la tarifa de las autorretenciones para algunos sectores económicos, las impone a quienes hoy no están obligados, es decir amplía la base de contribuyentes, algo que el Ministerio de Hacienda puede hacer vía decreto y que podría ocurrir a finales de este mes cuando surta el proceso de comentarios de un proyecto de decreto.
Según cálculos de Fedesarrollo, las nuevas tarifas de retención en la fuente del impuesto de renta implicarían un adelanto en el pago de impuestos de 2026 a 2025 por $13,9 billones (0,8% del PIB). «Esto repetiría el error de 2023, con el agravante de que no se ha aprobado una nueva reforma tributaria, por lo que esta operación abrirá un hueco fiscal adicional equivalente el próximo año», escribió el director del centro de investigación en X.
¿Cuáles serán los nuevos cobros?
Las tarifas del impuesto sobre la renta y complementarios en autorretención para la extracción de hulla, gas natural y oro y otros minerales preciosos serían del 4,5 %, al igual que las de generación y comercialización de energía eléctrica, mientas que las del comercio al por mayor de prendas de vestir quedarían en el 1,2 % y las de las compras de café pergamino o cereza en 0,5 %, por mencionar algunas.
También se cobrará entre 1 % y 2,5 % por adquisición de bienes raíces, como vivienda, a las personas jurídicas, sociedades de hecho, las demás entidades y personas naturales que tengan la calidad de agentes retenedores y se hará retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por prestación de servicios de más de dos UVT.
“El Gobierno no aprende. La causa principal de la reciente caída del recaudo fue la mala planeación de la reforma tributaria de 2022, que llevó a muchas empresas a entrar en crisis, se fueran del país o cerraran”, señaló al respecto Christian Junot Quiñones, ex subdirector operativo de fiscalización tributaria de la DIAN.
Por su parte, el presidente de ANIF, José Ignacio López, le explicó a Valora Analitik que las empresas podrían empezar a tener problemas de liquidez, al verse obligadas a pagar recaudos anticipados “en un momento donde las tasas de interés son altas y el costo de la caja es alto”.
Pero no solo golpearía a las empresas, de acuerdo con Quiñones, también a personas naturales independientes y comerciantes minoristas que verán su flujo de dinero afectado.
Por otro lado, con esta decisión el Gobierno estarían pateando el problema fiscal hacia el futuro, como se dice coloquialmente. En 2024, muchas empresas quedaron con saldos a favor de 2023, por lo que la DIAN tuvo que destinar un recurso importante a devolverles una parte de los pagos hechos un año después, una situación que se repetiría en 2026.
“Aumentar las retenciones de impuesto de renta de este año contra el Impuesto del año entrante para financiar al gobierno nacional central afectará la caja y la liquidez de todas las empresas, pero además afectará la caja del gobierno en el año 2026, lo que indefectiblemente deberá asumir el próximo gobierno”, señaló el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.
Finalmente, el presidente de ANIF no descarta que el próximo año se registre una caída significativa del recaudo de impuestos si se adopta esta medida, que incluso podría ser peor a la vista en 2024, considerando que en 2023 el Gobierno recogía los beneficios de una reforma tributaria.
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