Las medidas adoptadas por el presidente Gustavo Petro, que incluyen la declaratoria del estado de conmoción interior y emergencia económica, ha generado controversia tanto a nivel polÃtico como económico.
Según el mandatario, esta medida se da en respuesta a la grave situación de orden público en el Catatumbo, donde se han registrado cerca de 100 muertes.
Eso sÃ, se trata de la primera vez que un jefe de Estado usa los dos mecanismos al tiempo, generando nuevas dudas en medio de expertos polÃticos y jurÃdicos.
Facultades del presidente bajo estado de conmoción interior
Con la declaratoria de conmoción interior, el presidente Petro obtiene facultades extraordinarias que le permiten emitir decretos legislativos con fuerza de ley para hacer frente a la crisis. Estas medidas pueden suspender leyes incompatibles con la situación, pero deben ser estrictamente necesarias y proporcionales a la gravedad de los hechos.
Según el artÃculo 213, la declaratoria puede tener una duración inicial de hasta 90 dÃas, prorrogables por dos periodos iguales.
En todo caso, la última prórroga requiere aprobación previa del Senado de la República y no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales.
¿Qué implica el estado de emergencia económica?
Simultáneamente, Petro declaró el estado de emergencia económica, respaldado por el artÃculo 215 de la Constitución. Este mecanismo le permite a Petro adoptar medidas excepcionales frente a situaciones que alteren gravemente el orden económico o social.
Entre las facultades está emitir decretos con fuerza de ley por periodos de 30 dÃas, que no pueden exceder un total de 90 dÃas en un año calendario.
Además, los decretos deben estar relacionados especÃficamente con la crisis y no pueden afectar los derechos sociales de los trabajadores. Sumado a lo anterior, el Congreso tiene la facultad de evaluar y derogar estas medidas en un plazo improrrogable de 30 dÃas.
Controles y revisión constitucional
Ambos estados de excepción están sujetos a estrictos controles legales. El Congreso se reunirá por derecho propio dentro de los tres dÃas siguientes a la declaratoria del estado de conmoción para recibir un informe del presidente sobre las razones de la medida. Esto solo se dará cuando se conozca el decreto oficial expedido por el gabinete ministerial y el primer mandatario.
Como si eso fuera poco, la Corte Constitucional también evaluará de manera inmediata la validez de la declaratoria y los decretos expedidos, para decidir si es o no constitucionalidad.
Cabe mencionar que el estado de conmoción interior podrÃa extenderse hasta por 270 dÃas (aproximadamente ocho meses y medio) si se cumplen las condiciones para sus prórrogas. El estado de emergencia económica, por su parte, tiene un lÃmite máximo de 90 dÃas al año.
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