Tras el apagón en Colombia de 1992 – 1993 -que le costó 11 meses de oscuridad a los ciudadanos, pérdidas y otros efectos negativos-, el país aprendió valiosas lecciones que, con el tiempo, fueron abriendo paso a un sector eléctrico mejor administrado, más fortalecido y con mayores capacidades de expansión.
Dentro de esas lecciones, de acuerdo con Sergio Rengifo Caicedo, director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (Cecodes), uno de los aprendizajes trascendentales en la gestión del sistema fue la definición de un marco regulatorio a través de la Ley de servicios públicos de 1994.
Ya que esta normativa permitió el ingreso de empresas privadas para la prestación de los servicios públicos y la creación de entidades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), para estimular la entrada del sector privado al sistema energético.
Todo esto para garantizar la confiabilidad en la prestación del servicio y de asegurar el balance adecuado de los escenarios de oferta y demanda de energía eléctrica.
«Con esta nueva estructura se define el papel del regulador, el que establece la política y el de vigilancia con la Superintendencia de Servicios Públicos y, en pocas palabras, se crea un sistema que tiene en cuenta la rentabilidad y seguridad jurídica de los inversionistas. Con esto ha sido posible tener un sistema dinámico en cuanto a las inversiones del sector privado y hacer que todas las plantas de generación operen de manera adecuada», le explicó a Valora Analitik Sergio Rengifo Caicedo de Cecodes.
Lo que nació tras el apagón en Colombia
En 1994 se le abre la puerta a la inversión privada en el sector y nacen las leyes 142 y 143 que definieron mejor los roles del Estado, los entes regulatorios y los inversionistas.
La Ley 143 de 1994 está enfocada en establecer el régimen de las actividades de generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, que en lo sucesivo se denominarán actividades del sector, en concordancia con las funciones constitucionales y legales que le corresponden al Ministerio de Minas y Energía.
También el permite al Ministerio de Minas y Energía, en ejercicio de las funciones de regulación, planeación, coordinación y seguimiento de todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad, definir los criterios para el aprovechamiento económico de las fuentes convencionales y no convencionales de energía, dentro de un manejo integral eficiente y sostenible de los recursos energéticos del país, y promoverá el desarrollo de tales fuentes y el uso eficiente y racional de la energía por parte de los usuarios.
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Según Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), las nuevas leyes permitieron las inversiones de empresas privadas y separar los roles que tenía el Estado para enfocarlos en: definición de políticas sectoriales, supervisión y control, y regulación.
Después de la entrada en vigor de las leyes, también nace la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el sector eléctrico colombiano comienza a estructurarse de manera más efectiva y se le da paso, tras varios estudios, a la estructura de mercado que Colombia tiene en la actualidad.
Asimismo, se crean mecanismos que le brindan confiabilidad al Sistema Interconectado Nacional (SIN) -una estructura confiable independiente de las circunstancias climáticas u otros sucesos- como el que en su momento se llamó ‘Cargo por capacidad’, ahora conocido como ‘, que es el momento uno del ‘Cargo por confiabilidad’.
«Esto después evolucionó al Cargo por confiabilidad. ¿Por qué se necesita este cargo? Porque en el sector eléctrico el problema que tenemos siempre es que no se puede almacenar la energía producida. Lo que se hace es o se almacena agua, carbón o gas para poder producir. La energía producida no se puede guardar en baterías ni en nada. Entonces, siempre hay que tener un exceso de oferta muy grande -nuestro exceso de oferta hoy en días es de, más o menos, casi 75 %-«, le indicó a Valora Analitik Alejandro Castañeda.
Lo anterior significa que se tiene que tener una cantidad de generación que no se usa en el día a día, sino que está allí y, toda la demás, sí se usa para cubrir la demanda, para atenderla.
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Es ahí cuando nace el Cargo por confiabilidad, un esquema que permite pagarles a todas las empresas generadoras de energía para que puedan sobrevivir, estar disponibles para cuando se necesite su energía y evitar un apagón en Colombia como el de 1992 – 1993.
«Hay que tener unos pagos mensuales para que te den esa disponibilidad y la certeza de que, en el momento que sean llamados, estén listos a prender, no como te pasó en el 92: que se llamaron y dijeron que no tenían la capacidad de prender, pues las plantas no han tenido el mantenimiento adecuado», explicó Castañeda.
En palabras más simples:
El sistema hidroeléctrico colombiano funciona como un equipo de fútbol -siendo las hidroeléctricas las jugadoras principales-. Si, por alguna razón, éstas no pueden jugar, entran los actores (generalmente térmicas que funcionan con carbón o gas) que están en la banca esperando su turno para participar y asistir en los momentos más complejos.
Por ejemplo, Colombia tiene 23 jugadores, de éstos 11 son titulares y el resto está en la banca. Pese a que están ‘sentados’, no es posible pagarles a unos y a otros no: es necesario pagarle al equipo completo -así no jueguen el partido-. Ya que cuando llegue el momento de jugar, tienen que estar preparados y en buenas condiciones para responder.
Así nace el Cargo por confiabilidad, unos recursos que mantienen vivo a todo el sistema de generación de energía para el momento en el que el país no tenga suficientes reservas de agua, el ‘combustible’ clave para que funcionen las hidroeléctricas.
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¿Por qué se habla tanto de las hidroeléctricas?
En Colombia, hasta el momento, la mayor fuente de generación de energía es por medio de las hidroeléctricas que funcionan con agua: las encargadas de producir el 70 % de la energía que se consume en el país.
Se ahí que se diga que la generación del país es limpia, pues depende de del agua: un recurso renovable que se almacena en los embalses ubicados en diferentes regiones.
El Cargo por confiabilidad inició primero bajo el nombre de ‘Cargo por capacidad’, creado en 1996 y funcionó hasta 2006, éste le permitió al país:
- Expandir el sistema a través de las subastas: logra agregar, cada vez más, capacidad al SIN y que las plantas existentes tengan un incentivo para estar al día y operativas para brindar una buena disponibilidad. Luego de 2006, el país migró al Cargo por confiabilidad con las conficiones actuales.
De acuerdo con información de Celsia, una de las grandes ventajas de tener un sistema interconectado es que permite tener los recursos energéticos de todas las regiones del país integrados y conectados, cumpliendo así las mismas normas regulatorias. Evitando un apagón en Colombia.
«De esta manera, la energía producida en Boyacá puede llegar hasta el Valle del Cauca o Nariño, o la deficiencia que podría registrarse, por ejemplo, en las plantas de la Costa Atlántica puede ser atendida por un transportador que la haga llegar desde cualquier otra región. Esto demuestra la solidez que actualmente tiene el SIN», explicó Celsia.
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Fuente: José Iván Hurtado Hidalgo – UIS
