S&P Global Ratings expuso en un reciente informe en el que continúa considerando que el marco regulatorio del sector energía bajo el cual operan las empresas de la industria eléctrica en América Latina es favorable, porque permite una recuperación oportuna de los costos operativos y de capital. Pero, ¿cómo ve a Colombia?
Pese a lo anterior, para S&P Global los gobiernos de Chile y de Colombia han impedido que las tarifas eléctricas se ajusten, a pesar de la alta inflación, debido a las inquietudes en torno al poder adquisitivo de la población.
“Por ende, el aumento de la incertidumbre en torno a las operaciones de los servicios públicos regulados ha provocado la revisión a la baja de nuestra evaluación de los marcos regulatorios de Chile y Colombia a favorables al crédito [adecuados] desde muy favorables al crédito [fuertes/adecuados]. Las evaluaciones de ambos países están ahora en línea con las de Brasil y México”, aseguró la entidad.
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Según S&P Global Ratings, su revisión no significa, necesariamente, que se considere que las regulaciones del servicio de electricidad en Chile y Colombia sean menos efectivas, ya que los contratos siguen vigentes y hubo compensaciones financieras o económicas por las intervenciones gubernamentales.
La calificadora de riesgo también destacó: “esperamos que los reguladores se enfoquen en aumentar el porcentaje de energías renovables no convencionales en la matriz energética, en mejorar los sistemas de transmisión y la conectividad con nuevas áreas urbanas y/o industriales, y en destinar inversiones adicionales y esfuerzos de digitalización para mejorar la eficiencia”.
Evaluación de las jurisdicciones regulatorias en Colombia, según S&P Global Ratings
S&P Global Ratings presentó un resumen de su evaluación de los marcos regulatorios del sector eléctrico en las mayores economías de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, y Perú. La entidad evaluó las jurisdicciones con base en cuatro indicadores que ayudan a determinar el riesgo regulatorio:
Colombia: ‘entre la pila y el agua bendita’
De acuerdo con el informe de S&P Global Ratings, hasta ahora, los intentos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de imponer cambios al marco del sector eléctrico no han tenido éxito.
“Sin embargo, el Gobierno ha detenido nuevos proyectos hidroeléctricos y reducido las inversiones en capacidad a base de combustibles fósiles, lo que puede representar un riesgo para la confiabilidad del sistema eléctrico en el futuro”, dijo S&P Global.
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Además, los retrasos en el otorgamiento de licencias y la falta de certeza jurídica e institucional para los proyectos no convencionales, sumados a la necesidad de que la transmisión integre energía al Sistema Interconectado Nacional en los últimos años, son inquietudes adicionales.
Y es que cabe recordar que muchos de los nuevos desarrolladores de energía solar, que ganaron la licitación de energía renovable de octubre de 2021, tuvieron que cancelar sus contratos de suministro de energía a largo plazo porque no se construyeron las líneas de transmisión necesarias para permitir la entrega de energía a las áreas de consumo.
“Está en trámite un nuevo proyecto de ley sobre servicios públicos que podría cambiar el marco para los servicios de electricidad y agua. Esto, aunado a la ausencia de construcción de nuevas líneas de transmisión, puede obstaculizar la construcción de nuevos proyectos”, precisó S&P Global Ratings.
Establecimiento de tarifas y estabilidad financiera
La calificadora de riesgo sigue considerando que el regulador busca garantizar que todos los participantes puedan cubrir sus costos en su totalidad, y con márgenes que compensen sus inversiones o los riesgos que implica la actividad.
No obstante, señaló que el sector eléctrico colombiano ha experimentado una serie de cambios en su esquema de remuneración en los últimos dos años, debido a inquietudes en torno a la de accesibilidad económica para el usuario final derivadas del mercado spot altamente volátil y del Fenómeno de El Niño que han aumentado los costos de la energía.
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Para la entidad, las regulaciones actuales limitan el incremento máximo del componente de generación, que depende de las características de cada entidad (por ejemplo, podría llegar a ser de 30 %).
“Si bien esta restricción puede afectar la liquidez a corto plazo de las discos, los costos asociados son totalmente recuperables en los meses siguientes. Conforme los precios de la energía se dispararon debido a la sequía en 2023, el Gobierno extendió dos líneas de crédito para apoyar la liquidez de los participantes”, manifestó el informe de la agencia calificadora.
Y recordó que la CREG, que determina las tarifas para la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, estableció la Resolución 101- 028/2023 para abordar el problema del saldo acumulado, la cual:
- Estableció una alternativa para la recuperación de la brecha entre los costos unitarios aplicados y los calculados
- Proporcionó la seguridad jurídica para la recuperación de saldos, a raíz del fallo del Consejo de Estado que sustenta la obligatoriedad de la opción y del saldo en el mercado comercial
- Facilitó el financiamiento del saldo de opciones de tarifas a través de tasas de interés diferenciales
“El impacto de estas medidas ha variado entre empresas, lo que influye en su rentabilidad y liquidez en función de su exposición a las fluctuaciones de precios del mercado spot. Sin embargo, dada su fuerte posición competitiva, apalancamiento y liquidez, no hubo impacto en la calificación de las entidades calificadas”, explicó.
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En opinión de S&P Global, la autonomía de los organismos reguladores se ha debilitado bajo el actual Gobierno de Colombia, dados los cambios operativos y tarifarios mediante una secuencia de decretos del Ministerio de Minas y Energía (MME), la CREG y la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
