Las protestas sociales van en aumento en el ámbito internacional y esas movilizaciones sociales podrían generar implicaciones importantes para la economía de los países. Esa fue la conclusión de un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las consecuencias a corto y mediano plazo de las manifestaciones que se están registrando en diferentes lugares del mundo.
El FMI desarrolló el índice de malestar social informado (Rsui, por sus siglas en inglés). Basados en ese indicador, el organismo encontró que “los costos económicos a corto y mediano plazo del malestar social pueden ser bastante grandes, especialmente en los mercados emergentes y las economías en desarrollo”.
Las marchas están siendo motivadas por la respuesta de los gobiernos a la pandemia del Covid-19, la crisis económica, inequidades sociales y los reiterados casos de corrupción. Las protestas de los chalecos amarillos en Francia en 2018, las de Hong Kong en 2019, las resultantes de la elección de Enrique Peña Nieto en México en 2012 y las movilizaciones de Chile en 2013 hacen parte de la muestra analizada por el organismo.
Los casos de Chile y México afectaron aproximadamente el 0,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el semestre posterior a los sucesos sociales. En contraste, los casos de Francia y Hong Kong significaron costes de un punto del PIB, por su duración, las contracciones generadas en los sectores de manufactura y servicios y las afectaciones en la demanda de los consumidores, apuntó el estudio.
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“Nuestros hallazgos también sugieren que el malestar social afecta la actividad al reducir la confianza y aumentar la incertidumbre (…) Las protestas impulsadas por las consecuencias económicas de la pandemia van en aumento, con consecuencias económicas potencialmente duraderas”, escribió el FMI.
Las manifestaciones en el ámbito mundial se han incrementado un 244 % en los últimos diez años, de acuerdo con el Índice de Paz Global. Solo en 2020, 23 países vieron un deterioro en sus condiciones de paz y algunos de Latinoamérica como Colombia y México son considerados como territorios con niveles “bajos” de paz.
Ese Índice realiza un ranking de 163 naciones, según el que Islandia, Nueva Zelanda y Dinamarca ocupan los tres primeros lugares en los indicadores de paz, mientras que Colombia está en el puesto número 144, el peor latinoamericano después de Venezuela (152).
El FMI apunta que las afectaciones económicas por las protestas pueden ser más evidentes en los mercados emergentes y las economías en desarrollo, por lo que “una nueva ola de malestar podría afectar la recuperación”.
Justamente, los países de Latinoamérica son mercados emergentes y la mayoría de las principales economías de la región están pasando por movilizaciones sociales: el Paro Nacional de Colombia, las marchas a favor y en contra de Jair Bolsonaro en Brasil y la salida a la calle de los ciudadanos en Perú tras las elecciones presidenciales.
El impacto en el PIB de las protestas depende de las motivaciones que estas tengan. Por ejemplo, las que son impulsadas por asuntos socioeconómicos tienen contracciones más pronunciadas del PIB cuando se comparan con las que fueron desencadenadas por motivaciones políticas. Cuando se combinan esos dos factores, el impacto es mayor.
Entonces, ¿cómo articular el malestar social con las cuestiones económicas? El FMI sugiere que “los gobiernos deben escuchar y responder, pero también deben tratar de anticipar las necesidades de las personas con políticas destinadas a brindarles a todos una oportunidad justa de alcanzar la prosperidad”.
El Índice de Paz Global apuntó que, en 2020, en el marco de pandemia, se registraron más de cinco mil incidentes violentos relacionados con las protestas y que la inestabilidad política se exacerbó en 46 países. La preocupación es que, “si persisten las malas condiciones económicas, aumentará la probabilidad de futuros disturbios civiles”.
Suramérica es una zona roja en tanto a movilizaciones sociales y en el ámbito mundial la violencia tiene implicaciones del 11,6 % del PIB global o de US$1.496 billones, según el Índice; mientras que las cuestiones sociales también han incrementado el gasto de los gobiernos (ver gráfico).
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