En el marco de los 50 años de Promigas, se presentó la vigésimo quinta edición del Informe del Sector Gas Natural en Colombia-InfoGas con las cifras y temáticas más relevantes de la cadena del gas natural en Colombia y el mundo.
El informe se refiere al rol que juega el gas natural en medio de los esfuerzos globales por alcanzar el equilibrio entre la seguridad energética, la asequibilidad de la energía y la sostenibilidad ambiental, conocido como el trilema energético, y aborda las tensiones a las que se han visto expuestos varios países en materia de seguridad energética ante las convulsiones geopolíticas, y el aumento de la demanda de energía para el desarrollo de las economías emergentes y la inteligencia artificial.
Dado que las reservas de gas de Colombia se estiman para 6,1 años y se anticipan déficits parciales para el próximo año en el interior del país, el informe plantea la importancia de reactivar la asignación de nuevos contratos de exploración, y adoptar medidas para facilitar el desarrollo de los proyectos en curso, con especial énfasis en los ubicados costa afuera.
El documento enfatiza en la importancia para el país de crear un esquema de gas de portafolio que, a través del desarrollo de recursos propios y la importación desde la costa atlántica y del pacífico, evite un déficit estructural, garantizar el suministro, mayor competencia y mejores precios para el usuario final.
Por ello, SPEC LNG, la única terminal de regasificación de Colombia que ha desempeñado un papel crucial para asegurar la generación eléctrica y proteger la seguridad energética del país, se presenta como una alternativa viable para superar el déficit coyuntural actual, con los 50 MPCD habilitados en 2024 y las ampliaciones de capacidad en proceso de estructuración para adicionar a la oferta del país 25 MPCD en 2025 y 58 MPCD más en 2027, para una capacidad total de regasificación de 533 MPCD.
Por su parte, la terminal de regasificación del Pacífico, propuesta por la UPME, se resalta como un activo clave para el suministro y confiabilidad del país, y en ese sentido insiste en la importancia de adelantar un nuevo proceso para su adjudicación. Se esperaría su entrada en operación hacia el 2030.
En el informe del año pasado, se mostró al país los costos de una transición desordenada, en donde se prescinde del gas natural, sustituyendo la generación eléctrica a base de gas por energía eólica y electrificando los sectores residencial e industrial.
El costo estimado para el país ascendería a más de $110 billones, equivalente a aproximadamente seis reformas tributarias como la aprobada en 2022.
Este año, se analizaron los costos y desafíos técnicos de sustituir la demanda de gas natural por alternativas como el hidrógeno y el biometano.
Aunque en el largo plazo estas alternativas serán claves para la descarbonización, y Promigas aseguró que ha sido pionera en su desarrollo mediante proyectos piloto, actualmente su implementación a gran escala es técnica y económicamente inviable.
El costo de esta transición se estima en aproximadamente $390 billones, equivalentes a veinte reformas tributarias de 2022.
Frente a lo anterior, en el informe se ratifica que el país debe aprovechar sus recursos y habilitar todas las palancas para desarrollar un esquema de gas de portafolio.
La señal de escasez de gas nacional y la incorporación de gas natural importado (GNI) y recursos offshore al portafolio de gas, provocarían un aumento en las facturas de los usuarios residenciales.
Por ejemplo, en un escenario en el que el suministro se componga en un 50 % de gas local y un 50 % de GNI mediante contratos de largo plazo, podrían generarse incrementos aproximados del 23% en las facturas.
Promigas, en su informe, destacó que es necesario flexibilizar la regulación de comercialización de gas para adaptarla a los mecanismos del mercado internacional y poder cubrir los déficits previstos, considerando los precios competitivos actuales de GNI.
Para la compañía, de no contratar GNI a largo plazo y recurrir al mercado spot, los incrementos podrían llegar al 32 %. En un escenario donde el GNI sea la única fuente de suministro y se adquiera exclusivamente en el mercado spot, el aumento en la factura del usuario residencial podría acercarse al 40 %.
Los incrementos mencionados generan un desequilibrio en el trilema energético, afectando la equidad y la asequibilidad, lo que podría comprometer nuestra meta de reducir la pobreza energética. Según el Índice IMPE 2022, en Colombia aún hay 9,6 millones de personas en esta situación.
Además, la falta de acceso al gas natural impacta al eje de sostenibilidad del trilema, al forzar el retorno a energéticos más contaminantes como la leña, el carbón y los líquidos.
Sin embargo, es importante considerar que los incrementos previstos para el gas natural son significativamente menores en comparación con los costos asociados a prescindir de él en Colombia.
Por sus bondades en términos de seguridad, asequibilidad y sostenibilidad, el gas natural tiene una proyección de crecimiento global que va más allá del 2050, desempeñando un papel destacado en la transición energética.
“En Colombia, tenemos el deber de aprovechar estos beneficios y no renunciar a una transición energética ordenada”, indicó Promigas.
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