La Procuraduría General de la Nación solicitó decretar la nulidad del fallo de tutela de un juez en Santa Marta que ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades relacionadas del proyecto de exploración y explotación de gas natural en el área de interés de perforación exploratoria Tayrona en el pozo Uchuva 2, y coadyuvó las impugnaciones interpuestas por el Gobierno de Colombia contra dicha decisión.
De acuerdo con el delegado de Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero, esta acción judicial, que se suma a la situación con el pozo Komodo-1 “se está poniendo en riesgo la seguridad energética del país, en cuanto al suministro de gas”.
Según el funcionario de la Procuraduría, el juez ordenó la suspensión de la perforación y exploración de este pozo en el mar Caribe, lo que resulta “sumamente preocupante en tiempos donde vamos a necesitar todo el gas disponible para las térmicas, para los automóviles y, especialmente, para el suministro de gas domiciliario en los hogares”.
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El Ministerio Público solicitó al Tribunal de Segunda Instancia decretar la nulidad, ordenando la vinculación de las entidades que deben ser llamadas a intervenir dentro de esta acción, como son la Aunap, el Invemar, la Dimar, las capitanías de Puerto de Riohacha y Magdalena, para que comparezcan y contesten la demanda del gobernador indígena de la comunidad de Taganga.
Asimismo, la Procuraduría pidió ordenar a la ANLA que, a través del seguimiento y control ambiental a las disposiciones, obligaciones, términos, condiciones y estipulaciones señaladas en la licencia ambiental y sus actos modificatorios, garantice el derecho de participación ciudadana de las comunidades interesadas, en especial, el cabildo indígena Taganga.
Por caso Uchuva 2 y Komodo, anuncian medidas para destrabar licenciamiento ambiental para exploración de gas
La Procuraduría General de la Nación anunció que tomará medidas para abordar la desarticulación entre el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, situación que se evidenció luego de la mesa de trabajo convocada para revisar el trámite de licencia ambiental para la perforación del pozo Komodo-1 de Ecopetrol, para explorar el único pozo de gas off shore (costa afuera).
Tras una revisión exhaustiva, el ente de control también encontró deficiencias significativas en el procedimiento administrativo del trámite de licencia ambiental, especialmente frente a la convocatoria y funcionamiento del Comité Técnico Consultivo, órgano asesor de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en proyectos considerados como críticos y quien es la autoridad encargada de tomar decisiones y hacer recomendaciones sobre la licencia ambiental en cuestión.
Asimismo, Gustavo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios confirmó que intervendrá directamente en el trámite de la licencia ambiental para asegurar el cumplimiento de los procedimientos regulatorios adecuados, solicitando la revocatoria directa de la decisión de suspender el trámite de la licencia, buscando así garantizar una resolución oportuna y conforme a la normativa vigente.
“Este proyecto de Komodo tiene una inversión social prevista de $7.000 millones, que termina postergada, aplazada. Implica el incumplimiento de las metas en nuevos pozos exploratorios, que eran 40 pozos los planteados en Colombia durante el año 2024.” citó el delegado Guerrero.
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También precisó que se establecerá una mesa de trabajo permanente compuesta por representantes de los sectores de minas y energía, ambiente, y otros; con el fin de mejorar la coordinación y la gestión entre los sectores involucrados, facilitar el diálogo y la cooperación que permita resolver las disfunciones en el proceso de licenciamiento, experiencia similar a la que ya existe en el sector energético.
“Es importante recordar que Ecopetrol es socio de este proyecto tiene el 40 % del mismo en un contrato de exploración y producción y que ya ha invertido US$35 millones en las actividades preparatorias de las actividades exploratorias una suma y una inversión del Estado, el patrimonio de los colombianos, que podría ponerse en riesgo.” expresó el procurador ambiental.
