La Procuraduría solicitó el retiro del proyecto de resolución sobre el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, que actualmente se encuentra en proceso de consulta pública.
En este orden de ideas, pidió al Ministerio de Ambiente que se disponga a retirar de la página en el sitio de consultas públicas ciudadanas el proyecto de regulación normativa de la referencia, en atención a que se debe reiniciar y agotar las etapas de expedición normativa previstas en el Decreto 1081 de 2015.
El Ministerio Público determinó que deben reiniciarse y agotarse las etapas de consulta y contradicción para garantizar la participación de todos los sujetos y entidades interesados. Según la comunicación, los documentos y pruebas técnicas practicadas deben ser sometidos nuevamente a la contradicción de las partes que no tuvieron oportunidad de ser oídas.
La Procuraduría añadió: “El requerimiento se realiza con el fin de asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales y brindar garantías de seguridad jurídica a los ciudadanos, evitando cualquier confusión sobre las consecuencias de participar en la consulta pública hasta el 28 de abril de 2025”.
Finalmente, enfatizó que el proceso de consulta debe reiniciarse una vez se asegure una participación adecuada, en cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con la protección del Río Bogotá.
El proyecto de resolución de ordenamiento de la Sabana
A inicios de marzo, el Ministerio de Ambiente publicó el borrador de resolución que fijaría nuevos lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá y desató críticas por parte de la Alcaldía, la Gobernación de Cundinamarca y distintos sectores, como el de la construcción.
Galán advirtió que la propuesta no fue consultada con el Distrito y que su aplicación podría generar incertidumbre sobre megaobras.
Según el alcalde, la falta de claridad en las reglas sobre qué terrenos serían considerados humedales podría afectar 138 barrios y dejar en el limbo la viabilidad de importantes proyectos de infraestructura como el metro, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), el intercambiador de la Calle 80, entre otras.
Cabe mencionar que este fue el último proyecto que dejó la exministra de Ambiente, Susana Muhamad en desarrollo y sustentó que la resolución no afecta proyectos en curso ni interfiere con el suelo habilitado para la expansión urbana. “El alcalde está totalmente desinformado. La resolución no detiene ninguna obra de movilidad. Su propósito es establecer lineamientos para que los municipios y las autoridades ambientales protejan ciertos suelos específicos”, afirmó en su momento.
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