La Procuraduría General de la Nación solicitó a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad, y al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, remitir información sobre el cumplimiento de los acuerdos establecidos con la Coordinadora Nacional Minera, que fueron suscritos el 25 de octubre de 2024, tras el paro minero.
Cabe recordar que los acuerdos tuvieron el propósito de ponerle fin a la protesta social pacífica en el Bajo Cauca, nordeste antioqueño, sur de Córdoba y Marmato (en Caldas).
El ente de control le pidió a la ministra Muhamad, entre otros, el cronograma para implementar el Decreto 044 de 2024, por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental.
Recomendado: Estos son los acuerdos logrados para levantar el paro minero en Colombia
También deberá remitir la respuesta escrita del Ministerio a las propuestas presentadas por la Coordinadora Nacional Minera el 5 de noviembre de 2024, en la reunión contemplada en el punto 11 del acuerdo, a la cual no fue convocada la Procuraduría, pero acompañó la jornada.
La información sobre el apoyo del ministerio a los procesos de formalización minera también deberá ser explicada, dijo el ente de control.
Asimismo, y teniendo en cuenta que el ministro de Minas anunció a través de su red social X que se adelantaron primeras sesiones de trabajo de coordinación con el Ministerio de Defensa y la Agencia Nacional de Minería, ante esto la Procuraduría requirió que se alleguen las actas o notas de relatoría de estos espacios, detallando los compromisos asumidos y los cronogramas acordados.
Recomendado: Fin del paro minero en Colombia: se llegó a un acuerdo tras dos jornadas de diálogo
Finalmente, a través de la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, la Procuraduría hizo un llamado de atención al Gobierno Nacional al no estar siendo informada ni convocada a las reuniones estratégicas y espacios de diálogo con el sector minero de pequeña y mediana escala, añadiendo que es deber del Ministerio Público velar por los derechos de los ciudadanos, especialmente en los temas ambientales y minero-energéticos.
