La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la protección de la competencia, y otras 15 personas, entre funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
La investigación se debe a presuntas irregularidades en las visitas administrativas realizadas el 12 de marzo de 2024 en la Registraduría Nacional del Estado Civil y los días 14, 15 y 19 de marzo en la Cancillería.
¿Quiénes son los implicados?
Las otras personas afectadas en el pliego de cargos son la funcionaria de la SIC, Martha Liliana Fandiño Vergara, así como los contratistas de esa entidad: Mercy Lorena Agámez Rodríguez, Daniela Alvarado Guzmán, Rober Alexis Núñez Barrios, Jéssica Juliana Ortega Velandia y Daniel Leonardo Muñoz Manrique, quienes participaron en la visita realizada a la Registraduría.
También se profirieron cargos contra la funcionaria de la SIC, Yolanda Hernández Alonso, y los contratistas: María José Montejo Pino, Diana Carolina Gómez Ortiz, Juan Pablo Martínez Cortés, Douglas Fernando Moreno Mape, Nohemí Rodríguez Pombo, Karen Vanessa Angulo Sogamoso, quienes intervinieron en las diligencias practicadas en la Cancillería.
La decisión también se profirió contra el coordinador del grupo de trabajo élite contra colusiones de la SIC, Mario Alejandro Franco Vanegas, y el contratista José Miguel Moreno Reina, quienes participaron en las dos visitas.
Esas personas son investigadas porque al parecer en las dos diligencias habrían solicitado, accedido y extraído información de computadores institucionales y dispositivos móviles personales de servidores públicos de las entidades visitadas, que no correspondían al objeto de la averiguación preliminar que adelantaban, así como también pudieron afectar derechos fundamentales de los funcionarios.
Para el órgano de control: “Las actividades probatorias desarrolladas en las visitas comprometieron el respeto y protección de los derechos fundamentales de los servidores públicos, así como se ha podido poner en peligro la confidencialidad, guarda del censo electoral e información institucional que nada tenía que ver con el objeto de la actuación administrativa”.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó la aparente conducta de los funcionarios de la SIC Melo Rodríguez, Franco Vanegas, Fandiño Vergara y Hernández Alonso como una falta grave cometida a título de dolo.
En el caso de los restantes investigados, que intervinieron en las diligencias en calidad de contratistas de la SIC, se precisó quee, tras el análisis de las obligaciones contractuales de cada uno, que se trata de particulares en ejercicio de funciones públicas y, por ende, “son destinatarios de la ley disciplinaria”. Por esa razón, calificó su presunta actuación como una falta gravísima cometida con dolo.
