Ante la crisis que hay entorno de las empresas de energía Air-e y Afinia (que distribuyen el recurso, sobre todo, en la región Caribe), la Procuraduría General de la Nación tiene la lupa sobre el sector de energía eléctrica, pero también sobre el proceso de intervención anunciado la semana pasada -por parte del Gobierno Nacional- a Air-e.
El 12 de septiembre de 2024, la Procuraduría había anunciado que realizaría una vigilancia preventiva a la intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios).
Al respecto, la procuradora general, Margarita Cabello, había declarado que la medida anunciada por el Ministerio Público tenía el fin de garantizar que se mantengan los índices de calidad, cobertura y continuidad en la prestación del servicio de energía en los departamentos del Atlántico, La Guajira y Magdalena.
“Es prioridad para esta entidad proteger los derechos de los usuarios, entre los cuales se encuentran sujetos de especial protección constitucional. La reciente intervención de Air-e ha revivido el fantasma de Electricaribe para los habitantes de la región, por lo que seguiremos atentos para asegurar que se tomen las medidas necesarias”, destacó la procuradora.
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Asimismo, hizo un llamado a las entidades competentes para que cumplan con el pago de los subsidios pendientes y honren su compromiso con la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3, con el fin de evitar un efecto cascada que aumente el riesgo para el sector energético en la costa Caribe y en el resto del país.
¿Qué otras decisiones ha tomado la Procuraduría sobre Air-e?
Como parte de las funciones preventivas y de control de gestión en asuntos relacionados con la prestación del servicio de energía, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, algunas precisiones frente a la decisión de intervención de Air-e.
A través de la delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, el ente de control pidió a Quiroga aclarar, con base en qué estudio técnico se le solicita a la CREG concepto favorable para proceder a la toma de posesión de la empresa Air-e; además, en cuáles causales de la Ley 142 se apoya dicha toma de posesión.
En el oficio, el Ministerio Público preguntó sobre las fuentes de recursos a los que recurrirá la Superintendencia de Servicios Públicos para garantizar el servicio y el monto mensual de gastos necesarios para garantizar la prestación del servicio en el área de cobertura de Air-e.
Adicionalmente, cuestionó cuál es el saldo por cobrar por concepto de la opción tarifaria.
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La Procuraduría urgió información sobre los subsidios causados y aún no girados a la empresa con corte a agosto de 2024, y el comportamiento de los indicadores: pérdidas, recaudo, calidad del servicio (Saidi y Saifi).
Finalmente, el oficio recordó que la Procuraduría no coacciona ni coadministra, implemente actúa como articuladora extendiendo recomendaciones y haciendo llamados al cumplimiento normativo legal vigente en las materias objeto de actuación, con el fin de que sean los actores quienes adopten las acciones necesarias para buscar soluciones a las situaciones existentes que podrían afectar la prestación de los servicios públicos en territorio.
