La Procuraduría General de la Nación expresó su rechazo ante la falta de un plan claro y estructurado para la intervención de la empresa de energía Air-e, un proceso que, según se anunció, tiene fines de liquidación y administración temporal.
En una reunión convocada de manera urgente, el organismo de control manifestó su preocupación por la ausencia de un plan concreto y estructurado, lo que pone en riesgo tanto la continuidad del servicio como la estabilidad del sistema energético de Colombia.
El procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero, explicó que, hasta el momento, no se ha presentado un cronograma definido, un plan de acción ni los presupuestos necesarios para llevar a cabo el proceso de intervención.
«Es incomprensible que se ordene una intervención con fines de liquidación sin tener claro un horizonte de tiempo ni las acciones necesarias para resolver los problemas estructurales de la empresa», subrayó.
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Además, destacó que, sin un método concreto, es incierto cómo se garantizará la continuidad del servicio para los usuarios.
En la reunión, el ente de control solicitó al agente interventor presentar el informe detallado que justifique la intervención y los fines de liquidación, así como los documentos que den cuenta de los desembolsos realizados desde el Fondo Empresarial, que supera los $107.000 millones, para cubrir los pasivos y gastos actuales de la empresa.
También se requirió información sobre el cupo otorgado por el Fondo Nacional de Garantías para cubrir los compromisos de Air-e con los generadores de energía.
Como medida de seguimiento, el Ministerio Público convocará a una mesa de trabajo con representantes del Ministerio de Minas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Industria y Comercio, y otros actores clave, con el objetivo de definir cómo se financiará la intervención, los plazos para la misma y el plan de acción del Gobierno nacional respecto a la empresa Air-e.
Procuraduría vigila intervención de Air-e
En respuesta a la solicitud presentada por el gerente general y representante legal de Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Procuraduría General de la Nación había anunciado que tomó medidas para llevar a cabo un seguimiento preventivo y de intervención administrativa en el proceso de intervención de Air-e.
La intervención del ente de control se dio luego de que EPM pidiera la intervención del Ministerio Público con su función preventiva, especialmente en las actuaciones de las autoridades administrativas involucradas, tales como el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC – XM S.A.S. E.S.P.).
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“La complejidad de esta intervención radica en su potencial efecto dominó sobre el mercado eléctrico, dado que las decisiones tomadas por las autoridades que se describen en el presente escrito, desconociendo el régimen constitucional y legal, evidencian una preocupante alteración del equilibrio del sector al afectar la cadena de pagos y la estabilidad financiera de diversos agentes”, refiere la comunicación firmada por el gerente general de EPM.
Como respuesta, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, emitió la Resolución No. 405 del 4 de diciembre de 2024, en la que se dispone la designación de funcionarios específicos para llevar a cabo las acciones preventivas y de intervención administrativa en el marco del proceso de intervención de Air-e.
Los funcionarios designados trabajan para garantizar que las actuaciones administrativas en curso sean conformes con el orden jurídico y que el proceso de intervención sea debidamente monitoreado.
