La Procuraduría General de la Nación de Colombia le pidió al Consejo de Estado declarar nulos algunas normativas que avalaban la extracción e hidrocarburos por medio del fracking en el país.
De acuerdo con la institución del Ministerio Público, las normas que pidió tumbar son el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, estas dos son las que dictan los parámetros y pasos a seguir para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales a través de esta modalidad en Colombia.
La decisión se tomó luego de que el órgano de control determinara que los daños que causa el fracking son irreversibles para el medio ambiente, porque Colombia no tiene una línea base de información ambiental e hidrológica, ni capacidad de monitoreo y control para ejecutar estas prácticas, así como tampoco acceso a la información ambiental, geológica, geofísica, geoquímica y sísmica.
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«Teniendo abundante evidencia científica e información con múltiples aristas de los riesgos y daños irreversibles al recurso hídrico y, en general, al medio ambiente, es claro que las normas demandadas permiten desarrollar una actividad que puede traer graves e irreversibles consecuencias para la salud del ser humano y que causa daño a las aguas subterráneas y superficiales y, por consiguiente, los ecosistemas que dependan de éstas», señaló la Procuraduría.
De hecho, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, destacó que el fracking no es compatible con el principio de desarrollo sostenible que adelanta Colombia. Incluso, en caso de confirmarse que hay contaminación hídrica, sería una repercusión que generaría daños irreversibles a los ecosistemas, fauna y flora y la salud de las personas, según manifestó Carrillo.
La Procuraduría aseveró que el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014 son contrarios a los artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia, y al primer artículo de la Ley 99 de 1993, en donde están consignados los principios de precaución y de desarrollo sostenible colombianos.
Al respecto, al Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) destacó la importancia que tiene para el país, en la actual coyuntura, apoyar el desarrollo de nuevos proyectos que traerían inversión, empleos y reactivación; además de identificar cómo es posible avanzar en ellos de manera responsable y sostenible.
“Con relación específica al concepto que rinde la Procuraduría delegada ante el Consejo de Estado, en el marco de la Acción de Nulidad Simple que se adelanta en la Sección Tercera frente al Decreto 3004 de 2013 y la Resolución No 90341 de 2014, es importante señalar que este pronunciamiento se refiere únicamente a la solicitud de nulidad de las normas que conforman el reglamento técnico y no a la técnica del fracking”, indicó el gremio.
Y agregó que “es pertinente aclarar que si bien lo único que está en estudio por parte del Consejo de Estado es la legalidad de los actos administrativos demandados, a través de este concepto se está haciendo un análisis sobre al alcance de los mismos. Es decir, las razones presentadas por el ente de control no deberían ser los argumentos que deben exponerse en el proceso en curso ante el Consejo de Estado”.
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Entre tanto, la ACP considera que en los argumentos planteados por el porgano de control se cita de manera equivocada el principio de precaución y el principio de desarrollo sostenible, al confundir impactos con riesgos y desconocer que lo relevante en este tipo de proyectos es el alcance del principio de prevención, que permite el manejo de los impactos a través de lo dispuesto en las licencias ambientales.
Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP, precisó que “la industria del petróleo y gas ha sido aliada del desarrollo nacional y ha actuado en el marco de lo dispuesto por las licencias ambientales en sus proyectos, de manera que los impactos existentes puedan prevenirse, mitigarse o compensarse”.
Cabe recordar que tras una demanda que busca detener la explotación en el país de yacimientos no convencionales de hidrocarburos usando fracturamiento hidráulico horizontal multietapa (fracking), el Consejo de Estado manifestó que estudiaría un recurso que pide anular las normativas con las cuales el Gobierno Nacional determinó los requisitos y procedimientos para ejecutar proyectos piloto de investigación integral por medio de esta técnica.
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