El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, solicitó formalmente a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de la reforma pensional.
En una carta enviada a los magistrados, el jefe del Ministerio Público argumenta que el trámite legislativo de la reforma no presenta vicios que comprometan su legalidad. “La proposición de acoger el texto aprobado por la plenaria del Senado no contiene ningún vicio de constitucionalidad, pues no vulneró un principio del procedimiento ni afectó el proceso de formación de voluntad de las cámaras”, escribió Eljach.
El procurador insistió en que no se presentaron irregularidades con entidad suficiente para invalidar la ley: “El Ministerio Público le solicita a la Corte Constitucional, de modo respetuoso, que declare la exequibilidad de la Ley 2381 de 2024 (…) como quiera que en su itinerario legislativo no se presentaron irregularidades de trámite con entidad de vicios de constitucionalidad”.
Además, advirtió que incluso si la Corte no avala la solicitud, deberá considerar que la reforma ya ha comenzado a generar efectos jurídicos, a pesar de que su entrada en vigor está prevista para el 1 de julio de 2025.
Los argumentos del procurador
Uno de los principales argumentos del procurador es que, según informes de Colpensiones, más de 40.000 personas han trasladado sus ahorros desde fondos privados hacia el régimen público, amparadas en la “ventana de traslado” contemplada en la reforma. “Frente a esas personas, la reforma ya ha creado derechos. Revertir esas operaciones podría ser tremendamente complejo, lo que podría augurar una litigiosidad de efectos impredecibles”, alertó Eljach.
En su comunicación, también hizo un llamado a la Corte para que tenga en cuenta la urgencia de una reforma estructural al sistema pensional colombiano. “El país requiere imperiosamente de una reforma pensional. Todos los expertos, desde distintas orillas ideológicas y políticas, coinciden en afirmar la insostenibilidad financiera del régimen actual”, indicó.
Finalmente, recordó que, pese a las tensiones políticas y las dificultades en el Congreso, durante 2023 y 2024 se logró aprobar una reforma que intenta resolver esa problemática, “así no sea de modo perfecto”.
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