Un “presidente que se iba a caer”, en eso se resume lo que fue, para Colombia, el ‘Proceso 8.000’, según lo relatan los periodistas Mauricio Vargas, Jorge Lesmes y Édgar Téllez, en un libro que expone lo que fue, de puertas para adentro, el caso que involucró al expresidente Ernesto Samper y dineros del narcotráfico que llegaron desde el Cartel de Cali.
Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, aseguró que las supuestas irregularidades en el marco de la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, en la Costa, tendrían tintes de lo que fue el ‘Proceso 8.000’.
“Lee cómo empezó el 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar, y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje, es una respuesta a una forma (…) no es chantaje todavía”, se escucha a Benedetti en uno de los audios expuestos por Semana.
Esos mismos audios muestran a un Armando Benedetti dispuesto a contar “algunas verdades” sobre lo que habría sido la llegada de $15.000 millones a la campaña del presidente Petro.
Apuntó Benedetti a que el caso que despierta una nueva crisis en la Casa de Nariño pareciera ser muy parecido al ‘Proceso 8.000’, que casi tumba a un presidente en Colombia.
Pero hablar de una relación tan directa entre los casos parece apresurado, toda vez que, primero, Benedetti no menciona que el dinero que supuestamente entró a la campaña del presidente Petro tuviera como origen al narcotráfico.
Además, como lo cuentan Vargas, Téllez y Lesmes, el caso de Samper se tomó casi la mitad de su Gobierno (1994-1998) e implicó cheques, filtraciones, interceptaciones, confesiones y procesos en la Fiscalía de algunos dirigentes de su campaña, como lo fueron Fernando Botero, coordinador de la misma y posterior ministro de Defensa, además de Santiago Medina, tesorero de la campaña.
El ‘Proceso 8.000’ en su momento llevó, incluso, a que el gobierno de Estados Unidos se inmiscuyera en el caso, suspendiendo la visa al entonces presidente Samper, por las pruebas que apuntaban a la entrada de dineros del narcotráfico del Cartel de Cali.
Antecedentes del ‘Proceso 8.000’
El ‘Proceso 8.000’ que menciona Benedetti da cuenta de un suceso que arrancó incluso desde la segunda vuelta presidencial de 1994, con la entrega de “narcocasetes” de manos de Andrés Pastrana (rival de Samper en esas elecciones) al dirigente y expresidente César Gaviria, cintas que fueron a parar a la Fiscalía.
El proceso llevó a la cárcel a varios nombres de la vida pública del país, uno de ellos el mismo Botero, y al extesorero de la campaña, Santiago Medina. Al igual que al excontralor de la nación, Manuel Francisco Becerra, quien fue acusado de recibir dineros del Cartel de Cali, en el marco del ‘Proceso 8.000’, por lo que fue condenado a 70 meses de prisión.
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Al expresidente Samper se le vinculó directamente en el proceso e incluso Botero señaló que sí se enteró y sabía del ingreso de esos dineros del narcotráfico a su campaña.
Otros puntos clave del ‘Proceso 8.000’
Sin embargo, en medio de la pérdida de la visa y de ser desertificada Colombia, de parte de Estados Unidos, en la lucha contra el narcotráfico, Samper pasó a un juicio a manos del Congreso de la República.
En enero de 1996, momento más crítico del caso, en la Hacienda Presidencial, cuentan Vargas, Téllez y Lesmes, el presidente Samper se iba a caer por el ‘Proceso 8.000’, pero desistió de renunciar a pesar del consejo de varios de sus más cercanos. Con el apoyo de su ministro del Interior, Horacio Serpa, Samper llegó confiado ante un Congreso que sabía lo podía salvar, ignorando las recomendaciones de su entonces canciller, Rodrigo Pardo, y de su hermano, Daniel Samper Pizano, que apuntaban a que “dejara dignamente” la Presidencia de Colombia.
La mayoría del Congreso, en julio de 1996, no encontró culpable al presidente Samper, pero tampoco avanzó en investigaciones para demostrar su inocencia y el juicio político y legal quedó ahí, en un mandato que, los dos años siguientes (1997-1998), se caracterizó por mostrar a un presidente que tuvo que pasar buena parte de su rutina defendiéndose.
El caso dejó la renuncia del entonces vicepresidente, Humberto de la Calle, por la oposición a seguir en un Gobierno que había perdido legitimidad.
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El presidente Petro ya entregó su sentencia sobre lo expuesto por Armando Benedetti: asegura que no se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, “ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como $15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad”.
