El 13 de diciembre de 2024 es la fecha marcada para la entrada en vigor del nuevo modelo unificado del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), más conocido como 4×1000. Mediante este se espera que los usuarios ya no solamente tengan solo una cuenta exenta del impuesto, sino que, sin importar el número de cuentas que una persona tenga entre bancos o cooperativas en Colombia pueda realizar movimientos sin que le cobren este cargo, siempre y cuando, entre todas, no se supere el tope mensual de $16,4 millones establecido para este año.
Sin embargo, esta medida, que también busca simplificar y hacer más eficiente el recaudo del 4×1000, enfrenta graves problemas operativos que podrían aplazar su implementación. En el centro del debate están los proveedores tecnológicos TransUnion (que cuenta con la mayoría de los bancos tradicionales) y Passport (elegido por el sector cooperativo), cuya falta de acuerdo amenaza con perjudicar tanto al sistema financiero como a los usuarios. Pero, ¿qué está sucediendo exactamente y cuáles podrían ser las consecuencias?
El origen del problema
El nuevo esquema del 4×1000 unificado y definido en el artículo 65 de la Ley 2277 de 2022 requiere un sistema tecnológico robusto que permita consolidar la información de todas las transacciones financieras realizadas en el país. Esto incluye validar, compartir y reportar datos de manera efectiva para cumplir con las exigencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Aquí es donde entran en juego los proveedores TransUnion y Passport, quienes son responsables de desarrollar esta infraestructura.
El conflicto radica en la forma y sistemas en cómo estos dos actores se pondrán de acuerdo en cómo compartir y procesar la información de forma conjunta. Según el decreto que regula esta iniciativa, si no existe un sistema operativo funcional y validado, la medida no podrá entrar en vigor, situación que, a puertas de la fecha límite del 13 de diciembre no está listo; según ha podido conocer Valora Analitik.
En este sentido, hay que resaltar que TransUnion es el actor dominante en el mercado colombiano pues actualmente maneja el 95 % de las transacciones, mientras que Passport es el nuevo jugador que busca entrar a este. Pero la discrepancia y retraso va más allá de los aspectos técnicos. El principal problema se trata de tarifas, acceso a datos y control.
Passport, elegido por el sector cooperativo, ha reducido costos significativamente, obligando a TransUnion a ajustar sus precios, pero esto no ha sido suficiente para alcanzar un consenso, dijeron fuentes a Valora Analitik.
A pesar del dominio de TransUnion en el mercado, el sector cooperativo sentó su posición desde septiembre en una carta emitida a través de Confecoop como gremio que las agrupa en la cual manifestaron que “durante este proceso riguroso de evaluación, encontramos que la empresa Passport, especializada en este tipo de procedimientos, presenta una solución técnica, operativa y comercialmente adecuada que, consideramos, debe ser estudiada por las cooperativas como una opción al momento de tomar la decisión de establecer el operador para atender esta obligación”.
Acorde a lo anterior, “logramos establecer con la empresa Passport una negociación comercial para todo el sector cooperativo. Por lo tanto, serán ellos quienes hagan la presentación de la propuesta a cada una de las organizaciones. Para este fin, les sugerimos tener presente dicha propuesta dentro de las opciones que el mercado ofrezca, y así poder efectuar las respectivas evaluaciones para definir, conforme a sus análisis internos, la alternativa que les permita adoptar el sistema dentro del término establecido”, afirmó el gremio cooperativo.
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Voces y ausencias
Una fuente relacionada en el negocio con Passport, que pidió reserva de su nombre por la sensibilidad del tema, destacó que “TransUnion se niega a compartir información con Passport alegando acuerdos de confidencialidad con los bancos, lo que genera un bloqueo en el flujo de datos necesario para el nuevo sistema. Mientras tanto, Passport tampoco cuenta con una red consolidada para asumir completamente la operación, lo que dificulta que no solo pueda entrar en vigor este sistema, sino que lo haga de una manera sólida, como todos los usuarios esperan”.
A su vez, resalta que, hasta ahora, la DIAN no ha intervenido como árbitro en este conflicto. “Se esperaba que esta entidad liderara la implementación del sistema, pero su inacción ha exacerbado la incertidumbre”, resalta el ejecutivo.
Por su lado, TransUnion contestó a este medio que “como ente centralizador del GMF ha efectuado los desarrollos necesarios cumpliendo con el cronograma técnico establecido con las entidades promotoras del proyecto y a la fecha estamos finalizando las pruebas y ajustes operacionales asociados, para entrar en producción tan pronto como sea necesario y siguiendo el direccionamiento de las entidades promotoras«.
Valora Analitik también consultó con varios bancos si están listos para implementar la medida a partir de este 13 de diciembre y aunque confirmaron estar preparados para su implementación, ninguno afirmó que esto vaya a empezar a partir de la fecha. Asobancaria tampoco quiso pronunciarse sobre la entrada en vigor de los cambios para el 4×1.000.
Foto: Cambios en el 4×1000
Impacto en los usuarios y el sistema financiero
Ante esta situación y mientras se conocen más detalles sobre lo que sucederá con la medida, lo más seguro es que los usuarios deban continuar solo con una cuenta exenta del 4×1000, tal como ocurre en la actualidad.
Con el retraso de la medida, además surgen otros problemas como:
- Perjuicios a los ahorradores: los usuarios seguirán enfrentando las limitaciones del sistema actual, como la imposibilidad de consolidar cuentas y optimizar el uso de recursos financieros. Esto afecta especialmente a aquellos que manejan múltiples cuentas para distribuir sus transacciones.
- Riesgos económicos: La falta de un sistema unificado podría traducirse en pérdidas para la DIAN debido a menores ingresos por evasión o errores en el recaudo del 4×1000. Esto afectaría la capacidad del Gobierno para financiar programas esenciales.
- Incertidumbre para el sector financiero: Los bancos y cooperativas, que dependen de este modelo para gestionar sus operaciones, enfrentan problemas en su interoperabilidad hasta que se resuelva este impasse.
¿Qué podría pasar ahora?
El panorama no es alentador. Los expertos en el sector financiero aseguran que es improbable que los proveedores lleguen a un acuerdo antes del 13 de diciembre, aunque hoy 10 de diciembre habrá una reunión crucial para definiciones sobre el tema. Una posible solución sería incluir un artículo en la Ley de Financiamiento presentada por el Gobierno ayer que aplace o suspenda la entrada en vigor de esta medida. Esto daría tiempo para resolver los problemas operativos y garantizar que el sistema funcione adecuadamente.
“El Gobierno es muy tranquilo en expedir normas sin tener los requerimientos técnicos para lograrlo y solo por eso se cree que cumple con su labor, lo cual dista de la realidad. Así que lo más probable es que este 13 de diciembre no se implementen los cambios”, dijo a Valora Analitik un congresista con conocimiento de este tema.
Foto: Cajeros en Colombia
Este aplazamiento también podría interpretarse como otro golpe a la burocracia operativa que vive Colombia y que sin duda se verá en asuntos como el recaudo para 2025, pues el 4×1000 es uno de los impuestos más importantes para el Gobierno y que fortalece sus finanzas públicas.
El nuevo modelo del 4×1000 unificado tiene el potencial de transformar positivamente el sistema financiero colombiano, pero su implementación está en riesgo por la falta de coordinación entre proveedores. A su vez, el Gobierno, a través de la DIAN, debe asumir un rol proactivo para resolver este conflicto. De lo contrario, los costos para el país y para los usuarios serán demasiado altos.
¿Será este el inicio de un modelo más eficiente o un nuevo capítulo en la larga historia de reformas mal ejecutadas en el país?
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