Pedro Castillo se juramentó como nuevo presidente del Perú para un periodo de cinco años durante el que contará con un escaso apoyo del legislativo y del que aún se desconocen los nombres de su equipo de ministros.
En su discurso a la nación, la primera alocución que dio como mandatario ante el Congreso de la República, el izquierdista dio las primeras pistas sobre los cambios que buscará para la economía, confirmando las premisas que presentó durante su campaña.
Castillo insistió en convocar a una Asamblea Constituyente para reformar el modelo económico, dijo que Petroperú (la empresa estatal del crudo) participará en todos los procesos de la industria para regular los precios, prometió proteger la propiedad de las personas que “se han esforzado” para tener sus bienes e indicó que solo aceptará los proyectos de grandes empresas que dejen “rentabilidad social”.
“Estamos dispuestos a recuperar la soberanía sobre todos nuestros recursos naturales porque muchos, hoy en día, están en manos extranjeras, con contratos que tienen garantía de estabilidad tributaria”, afirmó el presidente del Perú ante el Congreso.
Para esto, dijo que buscará una nueva constitución que permita “adaptar los contratos de las empresas a la situación económica internacional para garantizar los ingresos del Estado”. En ese punto, que fue una de las premisas de su campaña, reconoció que la carta magna actual no incluye la figura de Asamblea Constituyente; en cambio, solo permite reformas parciales impulsadas por el Congreso.
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La Constitución actual fue redactada durante el gobierno de derecha de Alberto Fujimori. El mandatario del partido Perú Libre busca cambiarla argumentando que “muchas de las disposiciones hoy vigentes solo benefician a las grandes corporaciones para que puedan llevarse nuestra riqueza a raudales”.
Sobre el temor ante eventuales expropiaciones, comentó que no afectará los bienes de los ciudadanos porque “queremos que la economía mantenga orden y predictibilidad, que es la base de las decisiones de inversión. La propiedad de las personas, obtenida con esfuerzo y en el marco de la legalidad, está garantizada por el Estado”.
“No pretendemos ni remotamente estatizar nuestra economía ni hacer una política de control de cambios. Solo queremos que la economía de las familias, sobre todo las de menores ingresos, sea más estable y próspera; que las grandes empresas no estafen al fisco mediante la evasión o la elusión tributaria, que el Estado cumpla su función supervisora y defensora del ambiente, del consumidor y de la sociedad”, continuó.
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Pedro Castillo mantendrá los programas de facilidades de crédito del Banco Central de la Reserva del Perú, plantea una economía “socialmente inclusiva” que sea baja en carbono y considera que los proyectos de inversión extranjera, liderados por grandes multinacionales, deben generar impactos sociales directos en las comunidades del país.
“Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va. Esto significa un nuevo pacto con los inversores privados, donde el Estado intervenga para reducir costos, facilitar procesos, mantener la seguridad jurídica, y a cambio la población local y el país reciban contribuciones que generen desarrollo y mayores oportunidades con un real cuidado del medio ambiente”.
Su Gobierno revisará también las condiciones económicas de las empresas pesqueras, buscando que Perú tenga mayores ingresos tributarios y bajo la idea de que esas compañías deben generar valor agregado e industrialización.
El ahora exministro de Hacienda, Waldo Mendoza, afirmó que las condiciones para la economía del Perú son favorables. Sin embargo, se desconoce quién le sucederá en la cartera.
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